Tras anunciar los hallazgos de una investigación que realizó un comité especial de la Rama Judicial, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, descartó que en el análisis se haya considerado el desempeño de jueces en el manejo de casos de violencia doméstica.
El informe del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio fue presentado hoy por la togada durante una extensa conferencia de prensa. En su alocución, la jueza presidenta explicó que el informe evaluó el manejo de unos siete casos que llegaron a los tribunales y que culminaron en feminicidios. Añadió que estos casos fueron los únicos en llegar a los tribunales de unos 81 casos de feminicidios reportados entre el 16 de marzo al 30 de junio de 2021.
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Oronoz admitió que entre estos figura el feminicidio de Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada por su expareja Miguel Ocasio, semanas después de que habría intentado obtener una orden de protección en los tribunales del país. Uno de los casos de Ruiz Costas fue atendido por la jueza Ingrid Alvarado, quien, tras el asesinato de la mujer, fue removida de la Sala Especializada de Violencia Doméstica en el Tribunal de Primera Instancia en Caguas.
“El propósito del ejercicio no es auscultar el manejo judicial o las decisiones que tomó un juez o una jueza, sino darnos herramientas a nosotros, a la administración, de cuáles prácticas no están funcionando, cuáles hay que potenciar, o qué mejores prácticas hay que desarrollar para dar mejor atención a los casos en los tribunales”, señaló Oronoz pese a que el propio Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio fue creado por la togada el pasado 4 de mayo en reacción a los asesinatos de Ruiz Costas y Keishla Rodríguez.
“El informe del Grupo no detalla a ninguna jueza o juez…Hace un análisis de los adiestramientos que se dan y del por ciento de jueces que lo toma”, añadió Oronoz, quien no reveló si la Rama Judicial ha tomado acciones disciplinarias contra la jueza Alvarado. En mayo, Oronoz también anunció que la Rama Judicial estaría investigando el manejo del caso de Ruiz Costas. Sin embargo, indicó que estos procesos investigativos son confidenciales.
La jueza también admitió que el informe tampoco detalla las particularidades de cada caso o de víctimas en específico que en algún momento buscaron auxilio de los tribunales del país.
Pese a esto, la jueza presidenta defendió el informe del Grupo y aseguró que se trata de un ejercicio de rendición de cuentas de la Rama Judicial. “Un ejercicio donde el Poder Judicial se autoconvoca a examinar unos expedientes. La creación del grupo es voluntaria. La divulgación del informe es voluntaria. Esta sesión donde informamos los hallazgos y atendemos las preguntas es precisamente porque rendimos cuentas, es de autoevaluación ante una crisis de país que nos toca a todos y nosotros, como Poder Judicial, tenemos que enfrentar el trámite que hubo en cada uno de esos feminicidios para ver qué errores se cometieron”, dijo.
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Asimismo, el informe devela que los jueces y juezas no suelen orientar a las partes sobre particularidades de las órdenes de protección tras su expedición. “Aun en los casos en que se observó un buen manejo del proceso que denotaba empatía y respeto, no se orientó a las partes al expedir la orden de protección sobre las consecuencias de una violación a la orden de protección, las conductas prohibidas, la necesidad de que la víctima llevara siempre consigo la orden, entre otras advertencias dispuestas por ley”, reza el informe en la página 49.
Por su parte, Oronoz se mostró preocupada con el bajo porcentaje de mujeres o víctimas de violencia doméstica que acude a los tribunales para solicitar protección. Según datos provistos por Oronoz, tan solo el 10% de los casos que culminaron en un feminicidio buscaron ayuda en algún momento de los tribunales del país. “Eso nos tiene que a todos pausar y preguntarnos por qué no llegan estos casos a buscar ayuda del gobierno o por qué no llegan a los tribunales”, cuestionó Oronoz, quien mencionó que el Grupo de Trabajo utilizó las cifras del Observatorio de Equidad.
Ante esto, la togada defendió la efectividad de las órdenes de protección. De acuerdo con Oronoz, el informe reveló que en el 99% de los casos estas órdenes “no se violentan”, por lo que exhortó a las víctimas de violencia doméstica a acudir a los tribunales para obtener una orden de protección.
El informe detalla que, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021, se solicitaron 12,302 órdenes de protección exclusivamente por violencia doméstica. Mientras que, de esas, se otorgaron unas 9,488 de forma ex parte. Es decir, sin la presencia de la parte contra quien se pide la protección.
Oronoz, además, indicó que, en ese mismo periodo, los tribunales del país atendieron unos 2,403 casos criminales al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica. De estos, unos 2,159 finalizaron. Durante la conferencia de prensa, la jueza presidenta no pudo precisar cuántos de estos culminaron en convicciones o cuántos fueron absueltos.
