Luego de que un tribunal invalidó los reglamentos que viabilizan la industria de máquinas de juegos de azar en la isla, la Comisión de Juegos (CJ) presentó una moción de reconsideración para intentar revertir el dictamen. Como si fuera poco, en menos de dos semanas, el ente gubernamental enfrenta otro pleito judicial que reta la legalidad de las acciones de los funcionarios que lideran dicha Comisión.
El pasado 24 de julio, la representación legal de la agencia solicitó a la jueza Glorianne Lottie Rodríguez que reconsiderara su dictamen del pasado 14 de julio, el cual resultó en la invalidación de ambos reglamentos que legalizaron la industria de las máquinas tragamonedas. El primero de estos reglamentos permitió la concesión de unas primeras 100 licencias a operadores de máquinas de juegos de azar. El segundo reglamento, en cambio, viabiliza la implantación de un sistema de interconexión de estas máquinas con el Departamento de Hacienda que permite al gobierno fiscalizar el funcionamiento de estas y recibir ingresos.
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Pese al dictamen del tribunal, Graciani Betancourt, abogado de la CJ, comentó que las licencias otorgadas en febrero no se invalidan. “Mientras el proceso judicial permanezca en su curso, los reglamentos están vigentes porque la sentencia no es final y firme. Eso significa que el proceso que realizó la Comisión en la otorgación de licencias continúa vigente y la Comisión continúa con su proceso de implementación de la ley y de los reglamentos”, dijo el letrado a Metro.
La jueza Lottie Rodríguez favoreció los planteamientos de la empresa Electronic Games y determinó que la Compañía de Turismo no tenía facultad para promulgar ambos reglamentos que comenzaron en 2018 cuando la CJ aún no había sido creada. En cambio, planteó que la Asamblea Legislativa confirió esta autoridad únicamente a la Comisión de Juegos a partir de su creación mediante la Ley 81 de 2019. El letrado anticipó que, de no prevalecer ante la jueza Lottie Rodríguez, impugnarán la decisión judicial ante el Tribunal Apelativo.
Inclusive, el pasado 30 de julio, otro grupo de operadores de máquinas de juegos de azar presentó otro pleito contra la Comisión en el que argumentan, entre otras cosas, que el director ejecutivo de la CJ, Orlando Rivera, viola la orden judicial al requerir el pago de las licencias otorgadas.
“Los argumentos, en mi opinión, de que la Comisión está realizando trámites con reglamentos nulos es improcedente”, argumentó Betancourt quien indicó que la Comisión aún no ha sido emplazada en este segundo pleito.
Mientras los procesos judiciales continúan, el letrado mencionó que la Comisión de Juegos espera recibir $15 millones provenientes del cobro de estas licencias a los 100 operadores autorizados. No obstante, del primer trámite que vence el 24 de septiembre, podría allegar hasta unos $5 millones en el cobro de licencias.
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Y a pesar de que el dictamen del Tribunal también anuló el reglamento del sistema de interconexión de las máquinas, Betancourt comentó que este proceso puede continuar ya que está autorizado en la Ley 257 de 2018. Indicó que actualmente está en manos de la Administración de Servicios Generales (ASG) seleccionar a una empresa que implemente dicho sistema.
En una entrevista previa con Metro, Rivera reconoció que actualmente el gobierno no obtiene ingresos por la operación de las máquinas de juegos de azar y que más de 80,000 máquinas estarían operando de manera ilegal. Según Betancourt, de implementarse este sistema, el gobierno podría recibir alrededor de $130 millones anualmente.
De otro lado, la Junta de Control Fiscal dijo en declaraciones escritas que aguarda por que la Comisión de Juegos entregue los reglamentos que regularían la industria. “La decisión del Tribunal de Primera Instancia le da la oportunidad a la Comisión de Juegos de preparar y someterle a la JSF los reglamentos que entiendan necesario”, sostuvo la Junta.
Niega irregularidades en concesión de licencias
Betancourt rechazó las denuncias de irregularidades en el proceso de concesión de las primeras 100 licencias a operadores de máquinas de juegos de azar.
En la nueva demanda contra la Comisión de Juegos —presentada el pasado 30 de julio por unos 30 operadores de máquinas de juegos de azar— se argumenta que la agencia otorgó licencias a varias empresas que no contaban con el aval del Departamento de Hacienda. Ante esto, alegan que estas empresas —como The Winning Key del exsenador Eric Correa—no tenían autorizado recibir una licencia bajo la Comisión de Juegos.
“Son alegaciones y personas que no cayeron en esos primeros 100 [operadores] —porque había que evaluar según el orden de llegada— y eso es común. Eso pasa en todas las industrias; aquella persona que no llegó a tiempo o que se quedó fuera siempre va a tratar de buscar la manera de hacer señalamientos. Pero de que esas alegaciones sean ciertas, pues no es así”, dijo Betancourt. Agregó que, tras una solicitud senatorial, se investigaron todas las licencias que autorizó el ente gubernamental y aseguró que no detectaron irregularidades.
Mientras que el representante novoprogresista José Aponte respaldó la decisión del Tribunal y planteó que “tiene que haber acción proactiva de la Comisión de Juegos para evitar que las máquinas sigan por la libre”.
“Entiendo que fue un proceso inapropiado porque no habiendo todavía el reglamento aprobado se estaban concediendo licencias adicionales y muchas máquinas en las calles sin un reglamento. Y tras de eso, dando licencias adicionales. Creo que fue un trámite incorrecto”, dijo Aponte.
El pasado 23 de junio, el legislador presentó una resolución para investigar la concesión de estas licencias y el proceso para interconectarlas con el Departamento de Hacienda. Sin embargo, Aponte admitió que la resolución permanece detenida en el trámite legislativo ya que la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) no la ha atendido.
