La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) determinó extender hasta finales de agosto el término para que los fiscales asignados entreguen sus hallazgos de una pesquisa en torno a la fallida compra de pruebas de COVID-19 que ascendió a unos $38 millones, según Nydia Cotto Vives, presidenta del panel.
El panel concedió unos 45 días a los fiscales asignados al caso, dijo la funcionaria. Ante esto, los fiscales especiales tendrían hasta el 23 de agosto para entregar sus hallazgos, según trascendió. Cotto Vives, por su parte, mencionó que los fiscales solicitaron una prórroga al obtener “nueva evidencia”.
La transacción gubernamental se suscitó durante los primeros meses de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020 luego de que el gobierno local autorizó la compra de pruebas rápidas de COVID-19 por $38 millones a una empresa de construcción, Apex General Contractors. Asimismo, trascendió que dichas pruebas adquiridas no contaban con el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Dicha transacción fue posteriormente cancelada.
La investigación está centrada en los exfuncionarios Lilliam Sanchez, entonces subsecretaria de la gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Médico de COVID; el general José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Juan Maldonado, representante legal de la empresa Apex General Contractors.
En la Resolución emitida en diciembre de 2020, el FEI indicó que contra Sánchez, Cabeza y el general Burgos se les investiga por posibles infracciones al Código Penal en su artículo 261 (Influencia indebida); artículo 254 (Intervención indebida en operaciones gubernamentales); artículo 262 (Incumplimiento del deber); artículo 263 (Pérdida de fondos públicos mediante acción u omisión y negligencia); artículo 264 (Malversación de fondos públicos) y artículo 269 (Perjurio).
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También se les atribuyen infracciones al artículo 3.2 del Código Anticorrupción (obligaciones y responsabilidades éticas). En cuanto a los funcionarios, también se tendrán que considerar las alegadas infracciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
En cuanto al licenciado Maldonado, la investigación se centra en posibles infracciones a los artículos 212, 254, 261 y 269 sobre falsedad ideológica, intervención indebida en operaciones gubernamentales, influencia indebida y perjurio, respectivamente. Igualmente, investigan posibles infracciones a Código Anticorrupción.
Se aproxima una decisión en caso contra expresidenta de la CEE
Por su parte, Cotto Vives indicó a este medio que pronto la Opfei estaría “haciendo público” el resultado de la pesquisa en contra de la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Liza García.
En septiembre de 2020, el Opfei designó a un fiscal especial para investigar a la exfuncionaria por posibles violaciones de ley en el otorgamiento de un contrato.
“Ese caso está a punto de que se haga público”, se limitó a responder Cotto Vives a preguntas de este medio. Añadió que los fiscales ya entregaron sus hallazgos con relación a dicha pesquisa. “Sí, desde luego, nos dijeron el resultado de su investigación”, dijo.
Asegura que FEI no puede iniciar investigación en Cataño
Mientras tanto, Cotto Vives indicó que el FEI no puede iniciar una pesquisa en torno al alquiler de una guagua de lujo en el municipio de Cataño.
El mes pasado, Metro reveló que el alcalde Félix “Cano” Delgado alquilaba una guagua Cadillac Escalade por unos $4,500 mensuales.
“El FEI no inicia investigaciones motu proprio [por voluntad propia]. La ley no lo permite. Tenemos que esperar a que el caso llegue. El FEI no tiene esa autoridad”, dijo Cotto Vives.
Sigue la espera por pesquisa contra pesquisa contra Raúl Maldonado
Cotto Vives, por su parte, indicó que la investigación contra Raúl Maldonado, exsecretario del Departamento de Hacienda, se mantiene en curso luego de que el panel otorgara una extensión a los fiscales Juan Catalá Suárez y Manuel Núñez Corrada. En junio, el Opfei le concedió unos 60 días adicionales a los fiscales especiales luego que estos recibieran nueva evidencia en torno a la pesquisa contra el exfuncionario.
Por lo tanto, la fecha límite para que los fiscales especiales entreguen sus hallazgos también vence el 23 de agosto.
El pasado 24 de junio, el panel indicó que los fiscales habrían ampliado la investigación luego de recibir un informe emitido por el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas. Del mismo se desprende, según concluye Ética Gubernamental, que Maldonado Gautier pudo haber incurrido en posibles violaciones a disposiciones legales contenidas en la Ley de Ética y el Código Penal de Puerto Rico. La auditoría forense de la OEG arrojó que el exfuncionario pudo haber efectuado una presentación falsa y fraudulenta de los datos, para ocultar situaciones que podrían envolver violaciones de ley y conflicto de intereses.