Portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, reitera su oposición a la Orden Ejecutiva, OE 2021- 062 emitida el 5 de agosto, que obliga a los empleados públicos a vacunarse.
La orden amplía el requisito de vacunación compulsoria a todos los empleados del sector de salud, a los contratistas del gobierno, restaurantes, hoteles, paradores, hospederías y alquileres. Además, incluye como requisito para obtener el certificado de salud que las personas estén vacunadas contra el COVID-19.
“El gobernador, Pedro Pierluisi, continúa gobernando por decreto, obviando a la Asamblea Legislativa y en una temeraria usurpación de poderes. Con esta Orden Ejecutiva el gobernador, no solo le está cerrando la puerta de los servicios de salud a los contribuyentes que no estén vacunados contra el COVID-19, sino que también atenta contra la salud mental del pueblo, la estabilidad en el empleo de los puertorriqueños, afecta adversamente al turismo y vuelve a imponer una carga demasiado onerosa al sector gastronómico”, expresó Burgos.
“Es preocupante que se pretenda crear clasificaciones de ciudadanos, los vacunados y los no vacunados, especialmente cuando el 30 de julio de 2021 en un artículo del CDC “Morbidity and Mortality Weekly Report” estableció que en Massachussets el 74 % de las personas contagiadas habían sido completamente vacunadas y en la evaluación de la carga viral se encontró que ésta era igual entre vacunados y no vacunados.
El Departamento de Salud ha realizado una campaña de educación que pretende sembrar terror en la ciudadanía en lugar de promover medidas de prevención efectivas, como el fortalecimiento del sistema inmunológico para protegerse del COVID-19″, expresó la también presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
En la conferencia de prensa del 5 de agosto, el gobernador expresó que ha estado atento a cómo los otros países están trabajando el asunto del COVID-19. Pierluisi expresó que “los hospitales están claramente bajo control (al 3% los cuartos de hospital), que no estamos en la situación que estábamos antes, que no tenemos la tasa de mortalidad en que estábamos antes, que el nivel de fallecimientos está mucho más bajo… que los contagios no son lo más importantes, y que lo más importante son las hospitalizaciones y las muertes”.
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Asimismo, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, expresó en la conferencia de prensa que la vacuna reduce los síntomas, pero no exime de la enfermedad a nadie. También, explicó que el 20% de los hospitalizados son vacunados con las dos dosis y reconoció que los más afectados son las personas con las condiciones preexistentes.
“Ante esta información tan inconsistente es razonable preguntarnos si realmente estamos ante una emergencia que amerite la restricción de los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, cuestionó la Representante de Proyecto Dignidad.
También advirtió que “se podría considerar como un abuso de poder la autorización dada al Secretario de Salud por el gobernador de Puerto Rico, quien no es médico, que no se expidan certificados de salud a personas saludables por el simple hecho de no estar vacunados.
El gobierno no solo está destruyendo la salud emocional de los ciudadanos, sino que también erosiona grandemente el desarrollo económico y el turismo de Puerto Rico. No conforme con esto, pretende que el sector privado “a modo de recomendación” también imponga estas restricciones tan onerosas.
La mayoría de los puertorriqueños hemos sido y somos responsables de nuestra salud y la de los demás al seguir los protocolos establecidos.
Es un hecho que de la forma en que actúa el gobierno con estas órdenes ejecutivas trae más desconfianza al pueblo. Hemos recibido en nuestra oficina legislativa cientos de correos electrónicos, textos y llamadas telefónicas de personas que están realmente desesperadas y emocionalmente afectadas porque no ven otra salida ante este atropello de sus derechos fundamentales y constitucionales.”, alegó Burgos.
Finalmente, Burgos Muñiz comentó “me levanta bandera que en un asunto de salud se apele a rifas, juegos y premiaciones para que las personas se vacunen, en lugar de hacer una campaña de orientación responsable y honesta desde el punto de vista científico sobre los beneficios y efectos adversos de dichas vacunas experimentales, para que las personas puedan tomar una decisión informada cónsono con nuestro Ordenamiento Jurídico”.