“No ha lugar” determinó hoy, viernes, el juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en el caso de la demanda contra el Gobierno por la exigencia de vacunación compulsoria a empleados públicos y estudiantes mayores de 12 años.
“Tras examinar detenidamente los argumentos de ambas partes, resulta forzoso concluir que el Estado tiene un interés apremiante en salvaguardar la salud pública y tomar todas aquellas medidas necesarias para combatir efectivamente una pandemia que ha afectado la vida de todas las personas en este planeta y que sencillamente no tiene precedentes en nuestra historia contemporánea. Sin duda, estas medidas incluyen requerir la vacunación contra dicha enfermedad y el uso de mascarillas en lugares que propician la aglomeración de personas en espacios cerrados, tal como las escuelas y universidades”, lee la sentencia.
PUBLICIDAD
La demanda fue presentada por más de 300 personas que también exigían una compensación de $50,000 o más por violación de derechos civiles, $20 mil por concepto de daños morales, y $75 mil por concepto de abogados.
“Las alegaciones y la prueba presentada por los demandantes para cuestionar la base científica de esta política pública en la lucha contra el COVID-19 están basadas en teorías especulativas y en la interpretación de fuentes que, como mínimo, carecen de confiabilidad y no son admisibles en un tribunal de derecho”, se estipula en la sentencia.
