Un grupo de más de 300 ciudadanos presentaron una demanda ayer contra el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, en donde impugnan las órdenes administrativas que emitió el gobierno para exigir una prueba de vacunación a estudiantes y personal escolar como requisito para el regreso presencial a clases en agosto.
El reclamo de estos ciudadanos —que incluye a menores de edad representados por sus padres— cuestiona la legalidad de las órdenes ejecutivas y, luego, las órdenes administrativas que actualmente el Departamento de Salud. Asimismo, impugnaron la constitucionalidad de la orden administrativa de la agencia que exige la vacunación contra el COVID-19 a niños y niñas mayores de 12 años como requisito para regresar a clases en agosto. Argumentaron que resulta una violación a sus derechos civiles imponerles como requisito que se les administre alguna de las tres vacunas contra el coronavirus ya que estas han sido autorizadas por el gobierno federal al amparo de un uso de emergencia. Según el grupo, esta autorización de emergencia emitida por la Administración federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), al no contar con una aprobación final, no permite que el uso de estas vacunas se imponga de forma obligatoria en las personas.
“[E]xigimos que se nos permita seguir disfrutando de nuestros derechos como ciudadanos, a participar libremente de los servicios y espacios intrínsecamente relacionados a nuestra vida civil, en especial, nuestros trabajos y las escuelas de nuestros niños, tomando las medidas de salud menos onerosas, sin ser coaccionados por el Estado, sin opción ni consentimiento, obligando a inyectarnos una vacuna que al momento está en estado experimental (E.U.A.), y que evidentemente está dando muchos resultados adversos y mortales que al día de hoy todavía los sistemas federales de datos disponibles (VAERS)1 no han de reflejar fielmente toda la cruda realidad, de los que voluntariamente decidieron ser inyectados y hoy día sufren las consecuencias de un consentimiento viciado e incompleto, o ya fallecieron sin dejar a sus familias un remedio para ajusticiarlos”, reza la demanda. Los demandantes, además, solicitaron $50,000 para cada demandante por violaciones a los derechos civiles y unos $20,000 por cada demandante por daños emocionales provocados por las órdenes ejecutivas y administrativas del gobierno. La semana pasada el Departamento de Salud emitió un mandato para que estudiantes y empleados en escuelas y universidades presenten evidencia de vacunación para poder ingresar de manera presencial a los centros educativos. “[Impugnamos] toda decisión que se haya tomado en directa violación de nuestros derechos constitucionales que exigen de un debido proceso de ley para la participación activa de la discusión pública sobre este asunto, pues se nos ha sido negado y censurado en todos los espacios, incluyendo en nuestra Legislatura. Las decisiones tomadas por el Secretario de Salud afectan directamente derechos constitucionales que protegen la dignidad, integridad corporal, auto-determinación, derecho a formular decisiones informadas para dar o no consentimiento, al disfrute de su vida en sociedad, sin sujeción a coacciones que afectan la vida pacífica”, lee la demanda. Los demandantes también cuestionaron el proceso de autorización de emergencia de las vacunas y lo catalogaron como uno “atropellado”. Asimismo, indicaron que estas vacunas han mostrado mayores efectos adversos que beneficios para la población. Entre los demandantes figura Willy Rodríguez, cantante y bajista de la agrupación musical Cultura Profética, quien en ocasiones anteriores se ha mostrado en contra del uso de las vacunas. Los demandantes, a su vez, plantearon que la exigencia de vacunación a menores entre las edades de 12 a 18 años de edad podría violentarles su derecho a la educación. Asimismo, minimizaron los efectos del COVID-19 en menores ya que, según estudios que cita la demanda, ya que estos solo enfrentan un mínimo riesgo de enfermarse. “Los aquí demandantes sostienen que no se subsana la ilegalidad de una medida que quita derechos fundamentales de todos los niños con exenciones médicas y religiosas cuando la mayoría del estudiantado goza de una presunción de vida juvenil saludable y un derecho inalienable a gozar de la educación presencial sin limitación ni restricción alguna a sus derechos constitucionales. Acorralar a la población de menores de 18 años y someterlas a cumplir con exenciones a ser evaluadas por el Estado, circunscritas a la decisión de un médico o un pastor, pone en peligro la intimidad y privacidad“, reza la demanda.
