Más allá de solicitar “celeridad” a las agencias pertinentes, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que no tiene ningún otro reclamo pertinente a la polémica sobre la construcción de una piscina y un muro de contención frente al condominio Sol y Plava en Rincón, que por la pasadas semana ha sido escenario de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que exigen que se detenga el levantamiento de la pared que ubicaría en medio de la playa.
“Ese asunto está pendiente. De eso no se puede opinar así. Las dos agencias concernidas que tienen el peritaje y están atendiendo el asunto son el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y la Junta de Planificación. No debe opinar el gobernador sobre un asunto que está pendiente”, insistió Pierluisi a preguntas de la prensa.
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Pierluisi puntualizó que las obras cuentan con los permisos de construcción del DRNA y la Junta de Planificación desde antes de que él asumiera como gobernador. En ese sentido, negó que desde La Fortaleza haya presionado para que ambas agencias gubernamentales favorecieran la continuación de las obras comisionadas por los titulares del condominio, entre los que, según se ha reportado, se encuentra Walter Pierluisi Isern, a quien el primer ejecutivo describió como “un primo tercero o cuarto”.
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“Mi política pública es que en La Fortaleza no intervenimos en decisiones de este tipo, que son decisiones relacionadas con permisos, adjudicaciones pendientes en las agencias. Yo fui secretario de Justicia y respeto la jurisdicción de las agencias, particularmente en asuntos en que tienes intereses encontrados. Lo que sí les pido a las agencias es que actúen con sentido de urgencia, más ahora que tenemos esta controversia que, para mí, lo que quisiera es que se resolviera lo antes posible”, dijo el gobernador en una improvisada conferencia de prensa en el cementerio María Magdalena de Pazzis, en el Viejo San Juan, donde acudió a llevar una ofrenda floral con motivo del natalicio del prócer estadista José Celso Barbosa.
A pesar del pedido de urgencia, el secretario del DRNA, Rafael Machargo, pospuso en pasados días una vista administrativa en la que se atendería una impugnación del deslinde en la playa Los Almendros que permitió la reconstrucción de la piscina, que quedó destruida por el huracán María, así como el muro protector, que queda en un área de anidamiento de tortugas marinas, como ha quedado evidenciado en pasadas semanas. La vista estaba programada para mañana, pero el DRNA la movió para el 4 de agosto.
Machargo, igualmente, ha estado bajo fuego desde que emitió una orden que paralizaba la construcción del muro, solo para enmendarla pocas horas después bajo el argumento de que su interpretación necesitaba ser aclarada. Con la enmienda dio a entender que la construcción del muro podía continuar adelante.
“Entiendo que lo que hizo el secretario fue aclarar el alcance de una orden o decisión que se tomó. Es al secretario que le tienen que hacer las preguntas en cuanto a sus propias decisiones”, dijo Pierluisi, quien se encontraba fuera del país la semana pasada, cuando estallaron los choques entre manifestantes y oficiales de la Policía, que se han personado por decenas a la playa de Rincón para custodiar el área de la obra frente al condominio.
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El reglamento conjunto de permisos de la Junta de Planificación detalla en su sección 6.4.2.2 que habrá una “zona de separación” en las zonas costeras, por lo que “todo proyecto para la construcción de edificios, de segregación o de urbanización de terrenos, con frente a la costa o playas de Puerto Rico, se requerirá que se dedique, para uso público, una faja de terreno de veinte (20) metros de ancho mínimo, paralela y medida desde la zona marítimo terrestre. Tampoco se erigirán estructuras permanentes en una faja de terreno de treinta (30) metros de ancho, contiguas a la anterior”.
El propuesto muro queda justo en medio de la arena de la playa Los Almendros, a menos de los 20 metros iniciales del mar que define el reglamento conjunto como la zona de separación.
Pierluisi, de otro lado, justificó tanto la cantidad de oficiales asignados a las protestas en la playa de Rincón, así como las acciones en que han intervenido con manifestantes. En la pasada semana se ha registrado un arresto, y videos han capturado a Policías ejerciendo el uso de la fuerza para remover manifestantes que se han apostado en la zona de la construcción para impedir el desarrollo de la obra privada.
“Se le causó daño a la propiedad y la Policía tiene el derecho de intervenir. Se han quejado los residentes del condominio en cuanto a su propia seguridad. La Policía tiene todo el derecho de estar ahí y lo importante es que el uso de la fuerza, si alguna, sea el debido. Si hay cualquier querella, se va a investigar”, subrayó.
