Hasta el viernes se realizaron en Cuba al menos 19 juicios sumarios a 59 personas como supuestos participantes en las inéditas protestas antigubernamentales, confirmaron el sábado las autoridades judiciales de la isla.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular indicó que estos casos que se ventilaron en cortes municipales son de personas acusadas de cometer delitos de menor gravedad, entre ellos desórdenes públicos y desacato.
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El magistrado confirmó que los procesos se realizaron de manera sumaria, como lo establece la ley para esas figuras, pero rechazó que se tratara de una “avalancha” de causas que no contaron con las garantías procesales como lo denunciaron familiares y amigos de los presos.
“En los días recientes en las redes sociales y medios de prensa se han estado publicando falsas noticias y comentarios con la intención de denigrar y cuestionar la legitimidad, la legalidad y la transparencia con que los tribunales cubanos están procesando los hechos”, manifestó Remigio Ferro.
Hasta ahora ni el magistrado, ni ningún funcionario judicial o del Ministerio del Interior informó cuántas personas fueron arrestadas en los incidentes del 11 y 12 de julio en varios puntos de la capital y del país a donde se sucedieron marchas pacíficas, pero también actos de vandalismo y saqueos. The Associated Press presenció algunos arrestos violentos realizados por la Policía.
Las 19 causas con sus 59 involucrados –con los delitos de menor gravedad– abarcarían una parte de las personas detenidas.
Organizaciones del extranjero como Human Rights Watch y grupos de activistas locales hicieron listas que llegaron a sumar unas 600 personas. Un oficial del ministerio dijo en días pasados que algunos habían sido sencillamente liberados y otros multados.
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También se desconoce cuantas personas fueron heridas –aunque se reportó un muerto–, incluyendo algunos simpatizantes del gobierno que salieron a contrarrestar las marchas de protesta. Desde entonces no se produjeron nuevas manifestaciones.
Entrevistas realizadas por AP en los días previos dieron cuenta del desarrollo de los juicios. Parientes o conocidos de los encauzados se quejaron de la falta de abogados –aunque los procesos sumarios admiten esta posibilidad–, de que se les avisó de las vistas orales cuando ya habían terminados, no se les informó sobre las sentencias o no se permitió ver a los presos o llamarlos por teléfono.
Las manifestaciones, las más importantes realizadas en décadas, pedían acción del gobierno en temas como la escasez o la carestía y los cortes de luz, pero también cambios en el modelo político. Miles de simpatizantes del gobierno también salieron a las calles, pero a defender la revolución y las autoridades culparon a las redes sociales de atizar las tensiones mediante una campaña de mentiras.
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Por su parte, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, aseguró el sábado que la dependencia está vigilando que haya transparencia en los procesos, aunque reconoció que la “carga subjetiva” del momento también afecta a los jueces, quienes están sometidos a un código de ética.
El presidente Miguel Díaz-Canel y varios altos funcionarios llamaron “delincuentes” a los manifestantes, aunque el mandatario reconoció que también había entre ellos personas con reclamos legítimos.
Tanto Remigio Ferro como Peña descartaron por el momento una amnistía para los presos pues se trata de una decisión política –que no les compete como magistrados– y porque las causas están en proceso.
