Adquisiciones de vehículos de lujo dejan al descubierto desconexión con las verdaderas necesidades

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado, han recibido duras críticas por la inversión en guaguas oficiales

Por Manuel Guillama Capella

Las recientes adquisiciones por parte de funcionarios de vehículos a precios extravagantes, en un país en quiebra, dejan en evidencia, una vez más, la desconexión que persiste entre las necesidades apremiantes de la sociedad y las prioridades de las figuras electas para atender esos mismos problemas.

“Es una locura. Y derrota lo que es el verdadero servicio público. ¿Cómo esperas que el país entienda la palabra sacrificio, cómo esperas que la gente entienda que las cosas están mal, que hay que enrollarse las mangas y poner de su parte cuando tú haces estas barbaridades? Es la única palabra que le cabe”, lamentó el experto en administración pública Mario Negrón Portillo.

En las pasadas dos semanas, Metro ha revelado la compra de una Chevrolet Suburban LT 2021 para uso oficial del presidente del Senado, José Luis Dalmau, a un costo de $73,000, y el alquiler, ascendente a $4,500 mensuales de una Cadillac Escalade del año para el alcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado.

Al cierre de esta edición, Dalmau no había comparecido públicamente para dar explicaciones por la compra, limitándose a justificar por medio de un portavoz que el vehículo previo había requerido múltiples reparaciones en lo que va de año, mientras que Delgado, luego de enfrentar críticas desde el martes, optó por cancelar ayer el alquiler de la guagua de lujo, reconociendo que la transacción no había sido “acertada”.

“¿Para qué el alcalde de Cataño, o el de San Juan o el de Ponce, necesita una guagua de $4,500 al mes? ¿Cuál es el beneficio que se deriva para la gestión pública, para la alcaldía de Cataño? O en el caso del presidente del Senado. Denota también, y lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, la falta de prioridad y el enredo de espíritu de mucha gente que ocupa posiciones públicas en el país”, recalcó Negrón Portillo, catedrático retirado de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Son gestos vacuos, vanos, que lo que hacen es alimentar esa vanidad y dar la impresión de que estamos hablando de gente que necesita una seguridad extrema, casi al nivel del presidente de los Estados Unidos. Si vamos a un país como Suecia y vemos cómo se desplaza el primer ministro, o cómo se desplaza en Holanda, se van a dar sorpresas increíbles. En estos países desarrollados, ricos, industrializados, los primeros ministros y secretarios de gabinete andan en su propio carro o toman la transportación pública”, matizó Silvia Álvarez Curbelo, profesora retirada de la Escuela de Comunicación de la UPR, quien catalogó transacciones como las que protagonizaron Dalmau y Delgado como una “bofetada” a la gente de a pie.

En ese sentido, la académica cuestionó los niveles de inteligencia política y social que, en términos generales, manifiestan los funcionarios electos del país.

“Aunque venga en un Rolls Royce, no lo convierte en mejor persona. Veo la poca seriedad, poca empatía con la situación del país y poca calidad de los políticos”, resumió.

A la pregunta de si sería beneficioso que legisladores y alcaldes, a quienes no necesariamente aplican los procesos de compras que se fijan en la Ley 73 de la Administración de Servicios Generales (ASG), estuvieran sujetos a mayores controles, Negrón Portillo subrayó que no es razonable pensar que todos los problemas se resuelven aprobando nuevas leyes o reglamentos.

“A lo mejor tener legislación le haría difícil tener eso, pero no resolvería el problema más profundo que es que evidentemente la gente no está pensando en las cosas correctamente. De nada sirve tener funcionarios electos que no hacen las cosas mal porque se los prohíbe la ley. La aspiración es que no hagan las cosas mal porque están mal hechas”, dijo Negrón Portillo, quien considera que el deterioro del servicio público dio sus primeras señales en la década de 1970 y se exacerbó en los 1980.

La Ley 73 dispone que tanto la Asamblea Legislativa como los municipios “podrán, de forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la Administración de Servicios Generales”.

A una solicitud de Metro, la agencia detalló que los municipios suelen acogerse a las disposiciones según la conveniencia dependiendo de las necesidades de cada transacción particular. De acuerdo con una portavoz, algunos bienes, como combustible, son adquiridos generalmente por los ayuntamientos a través de la ASG.

Negrón Portillo y Álvarez Curbelo coincidieron en que el costo político de conductas como las exhibidas por el alcalde de Cataño y el presidente senatorial es mínimo, lo que a su vez genera un “círculo vicioso” que deteriora continuamente el quehacer público.

“(Es) la ley de las falsas equivalencias. Si aquel lo hace, el otro también lo puede hacer, y si yo tuviera la oportunidad lo hacía. Todo el mundo se nivela pero a la baja […] Nos hemos acostumbrado a naturalizar lo que está mal”, subrayó la experta con comunicación.

De otra parte, aunque reconoció que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de descubrir situaciones como las transacciones por bienes a costos irrazonables, Álvarez Curbelo alertó del riesgo de reducir la función fiscalizadora a determinados eventos aislados.

“La atención a este tipo de cosas es algo legítimo, pero corremos el riesgo siempre de que, prestándole atención a este, dejemos fuera los problemas verdaderos que confronta el país. Entonces, se trivializa un poco la labor fiscalizadora cuando nos estamos nada más fijando en este tipo de hecho. No es que no lo hagamos, pero no puede ser que esto llene la cuota mediática de responsabilidad”, puntualizó Álvarez Curbelo.

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