El gobierno interino de Haití dijo el viernes que le pidió a Estados Unidos que envíe tropas para proteger instalaciones cruciales de infraestructura mientras intenta estabilizar el país y preparar unos comicios tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
“Definitivamente necesitamos auxilio y le hemos pedido a nuestros socios internacionales que nos ayuden”, le dijo el primer ministro interino Claude Joseph a The Associated Press en una entrevista, sin dar más detalles. “Creemos que nuestros socios pueden apoyar a la policía nacional a resolver la situación”.
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Joseph dijo que se sintió consternado porque algunos opositores han intentado aprovechar el homicidio de Moïse para hacerse de poder político, una referencia indirecta a un grupo de legisladores que han declarado su lealtad a Joseph Lambert, presidente del desmantelado Senado de Haití, y lo han reconocido como presidente provisional, y a Ariel Henry, a quien Moïse designó como primer ministro un día antes de ser asesinado, para que sea premier.
“No estoy interesado en una lucha por el poder”, dijo Joseph en la breve entrevista telefónica, sin mencionar a Lambert por su nombre. “Sólo hay una forma en que la gente puede convertirse en presidente de Haití. Y eso es a través de elecciones”.
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Horas antes, el general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional de Colombia, dijo que los colombianos implicados en el asesinato de Moïse fueron reclutados por cuatro compañías y viajaron a la nación caribeña en dos grupos a través de la República Dominicana.
El jefe de la Policía Nacional haitiana, Léon Charles, dijo que 17 sospechosos han sido detenidos con relación al homicidio de Moïse, el cual sacudió a un país que ya se duele de la pobreza, la violencia y la inestabilidad política.
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Otros ocho sospechosos siguen prófugos, señaló Charles.
Conforme la investigación avanza, el asesinato ha ido adquiriendo el cariz de un complejo complot internacional. Además de los colombianos, entre los detenidos por la policía están dos haitiano-estadounidenses, que se dijo fungían como traductores para los atacantes. Algunos de los sospechosos fueron detenidos en un operativo en la embajada de Taiwán, donde se cree que solicitaron refugio.
En una conferencia de prensa en Bogotá, Valencia dijo que cuatro compañías habían participado en el “reclutamiento, la agrupación de estas personas” implicadas en el asesinato, aunque no identificó a las empresas porque sus nombres aún están siendo verificados.
Dos de los sospechosos viajaron a Haití vía Panamá y la República Dominicana, señaló Vargas, mientras que el segundo grupo de 11 llegó a Haití el 4 de julio desde territorio dominicano.
En Washington, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que altos funcionarios del FBI y de Seguridad Nacional serán enviados a Haití “en cuanto sea posible para evaluar la situación y ver cómo podríamos ayudar”.
“Estados Unidos sigue involucrado y en consultas cercanas con nuestros socios haitianos e internacionales para apoyar al pueblo haitiano tras el asesinato del presidente”, dijo Psaki.
Luego de la solicitud de Haití para que Washington envíe tropas, un alto funcionario del gobierno estadounidense reiteró los comentarios previos de Psaki de que el gobierno enviaría funcionarios para que evalúen cómo puede ser más útil el apoyo, pero añadió que por el momento no hay planes para proporcionar asistencia militar.
En Haití, el juez investigador Clément Noël le dijo al periódico de lengua francesa Le Nouvelliste que los haitiano-estadounidenses arrestados, James Solages y Joseph Vincent, declararon que, en un principio, los atacantes tenían planeado sólo arrestar a Moïse, no matarlo. Noël dijo que Solages y Vincent estaban desempeñándose como traductores de los atacantes, reportó el periódico el viernes.
El mismo rotativo citó palabras del fiscal Bed-Ford Claude, de Puerto Príncipe, quien dijo que le ordenó a una unidad investigadora de la Policía Nacional que interrogue a todos los agentes de seguridad cercanos a Moïse. Entre ellos están Jean Laguel Civil, coordinador de la seguridad del mandatario, y Dimitri Hérard, director de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional.
“Si eres responsable de la seguridad del presidente, ¿dónde has estado? ¿Qué hiciste para evitar que el presidente tuviera este destino?”, señaló Claude.
En el ataque, ocurrido en la casa de Moïse el miércoles antes del amanecer, también resultó herida de gravedad su esposa, quien fue trasladada a Miami para recibir tratamiento.
Joseph asumió el mando del gobierno con el respaldo de la policía y las fuerzas armadas, y declaró un estado de sitio de dos semanas.
Vargas ha prometido que Colombia cooperará completamente con la investigación, y las autoridades de la nación sudamericana identificaron a 13 de los 15 colombianos implicados en el ataque como miembros de las fuerzas armadas, de los cuales 11 han sido capturados y dos fueron abatidos. Sus rangos van de teniente coronel a soldado raso.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, dijo que habían dejado la institución entre 2018 y 2020.
“Dentro de la criminalidad habitualmente se utiliza la figura del asesinato por encargo, y eso es lo que ocurrió: contrataron a unos miembros de la reserva (del Ejército) para este propósito y tienen que responder penalmente frente a los hechos cometidos”, dijo Jaime Ruiz Barrera, general en retiro del Ejército colombiano.
Altos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Colombia viajarán a Haití para ayudar con la investigación.
Los soldados colombianos entrenados por Estados Unidos tienen mucha demanda entre las firmas de seguridad privada para que trabajen en zonas de conflicto debido a su experiencia en combate contra la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los poderosos cárteles del narcotráfico.
La esposa de un exsoldado colombiano que está detenido dijo que una firma de seguridad lo reclutó para que viajara a la República Dominicana el mes pasado.
La mujer, que sólo dijo llamarse “Yuli”, declaró a la W Radio de Colombia que su esposo, Francisco Uribe, fue contratado con un salario de 2.700 dólares mensuales por una compañía de nombre CTU con el fin de que viajara a la República Dominicana, donde se le dijo que proporcionaría protección a algunas familias poderosas. Afirmó que la última vez que habló con él fue el miércoles a las 10 de la noche —casi un día después del asesinato de Moïse—, y que él le dijo que estaba de guardia en una casa donde él y otras personas se hospedaban.
“Él al otro día sí me escribió como para despedirse, que estaba huyendo, que lo habían atacado, que él no entendía, pero no tuve más contacto con él”, señaló la esposa.
La mujer dijo que sabía poco acerca de las actividades de su marido y ni siquiera estaba al tanto de que había viajado a Haití.
Uribe está siendo investigado por su presunto papel en homicidios extrajudiciales cometidos por el Ejército de Colombia hace más de una década. Registros judiciales colombianos muestran que él y otro soldado fueron acusados de matar a un civil en 2008 al que posteriormente intentaron hacer ver como un delincuente muerto en combate.