Los presidentes de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz y Ángel Pérez Otero, respectivamente, hicieron pública en la mañana de hoy una propuesta conjunta al Congreso de Estados Unidos, mediante el legislador Raúl Grijalva, para que se enmiende la ley PROMESA, incluyendo acortar la presencia en la isla de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En la una carta firmada por Hernández Ortiz y Pérez Otero, y recibida por Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, respaldan el fin y contenido del Proyecto 6975 para modificar la Ley PROMESA. “Las enmiendas propuestas en dicha legislación mejorarán mucho la defectuosa ley PROMESA. Son mejoras aliviarán el dolor que causan las medidas de austeridad en el pueblo de Puerto Rico y ayudarán a prestar los servicios necesarios y esenciales a nivel de gobierno local”, reza la carta al proponer que el proyecto incluya lenguaje que excluya a los municipios de Puerto Rico de la definición de ‘Instrumentos Territoriales Cubiertos’.
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El documento señala que la propuesta de los alcaldes es que se abrevie a seis meses, después de logrados los acuerdos de reestructuración de la deuda, el ciclo de la Junta de Supervisión y Administración creada por PROMESA. La misiva señala además que es de reconocimiento y aceptación general que los gobiernos municipales representan la primera línea de prestación de servicios críticos a las personas necesitadas en la isla, a la vez que contribuyen con casi $500 millones en transferencias al gobierno central a través del seguro de salud del gobierno (ahora conocido como Plan Vital), el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y el Fondo de Equiparación que administra el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Los alcaldes exponen además que apoyan un enfoque que revitalizaría la base manufacturera de Puerto Rico, que representa el eje de la economía y provee oportunidades para llevar a Puerto Rico a una trayectoria económica ascendente a través de nuevas inversiones en manufactura avanzada que generen empleos de calidad. A eso se suma que los municipios en Puerto Rico, históricamente, han proporcionado servicios como el mantenimiento de carreteras y escuelas, y servicios sociales que por ley son responsabilidad del gobierno estatal.
De hecho, muchos de los servicios prestados por los municipios dependen del Fondo de Equiparación, mecanismo que la Junta de Supervisión Fiscal insiste en reducir dramáticamente. Dicha propuesta tiene el resultado de la virtual eliminación de unos 30 municipios de menores ingresos. Los alcaldes agradecen a Grijalva, quien junto con otros miembros del Congreso firmó una carta dirigida al presidente Joe Biden y a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para que suspendan hacer más recortes presupuestarios al Fondo de Equiparación.
“A pesar de dicho llamado, la Junta de Supervisión Fiscal ha continuado con esos recortes a pesar de que son objetados consistentemente por los Alcaldes, el Gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”, señaló Pérez Otero. “Es por eso que le recomendamos a Grijalva que incluya en el proyecto de enmiendas a PROMESA un lenguaje que garantice un mínimo de $300 millones anuales para mantener el Fondo de Equiparación, lo que brindaría estabilidad a los municipios”. Copia de la carta de los Alcaldes fue envida además a los congresistas Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio Cortés, Jesús ‘Chuy’ García, Gregorio Kilili Camacho, Michael St. Nicholas, Matt Cartwright, Alan Lowenthal, y a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González.
Por su parte, Hernández Ortiz señaló que la Ley PROMESA fue diseñada para hacer frente al gobierno central y la quiebra de los servicios públicos. “No se pretendía que se inmiscuyera en las finanzas y operaciones de los gobiernos municipales en Puerto Rico. Designar a todos los municipios como ‘Instrumentos Territoriales Cubiertos’ es excesivo y un ejercicio arbitrario de discreción en la aplicación de dicha Ley PROMESA, particularmente cuando ninguno de los gobiernos municipales fue la fuente de la deuda de $72 mil millones que motivó la promulgación de PROMESA”.
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De hecho, los Alcaldes argumentaron que las obligaciones financieras de los gobiernos municipales con el extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF) se cumplieron según lo acordado y ordenado por el Código Municipal de Puerto Rico, que requiere un pago anticipado de un año en estas obligaciones. Con relación al desarrollo económico, los Alcaldes además solicitaron a Grijalva que considere incluir lenguaje que proporcione un crédito contributivo por cada dólar invertido que genere la creación de empleos nuevos. Dicha propuesta le daría a Puerto Rico una distinción frente a las jurisdicciones verdaderamente extranjeras contra las que compite la isla por los empleos de manufactura.
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