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A la firma del Gobernador medida en favor de familias realojadas por proyectos de Comunidades Especiales

El Proyecto del Senado 190 busca sacar del limbo a familias realojadas en alquileres temporeros

La senadora por el distrito de Guayama, Gretchen Hau, informó que el Proyecto del Senado 190, que busca hacerle justicia a las familias que en el pasado fueron realojadas por motivo de algún proyecto del Programa de Comunidades Especiales, completó favorablemente el proceso legislativo y está a la espera de la firma del gobernador Pedro Pierluisi para que finalmente sea convertido en ley.

“Muchas familias quedaron atrapadas entre la burocracia, pues fueron realojadas por proyectos realizados por Comunidades Especiales que aún viven bajo alquileres pagados por el Departamento de la Vivienda, sin que se determine finalmente un futuro seguro”, detalló la abogada. “No podemos permitir que ni una sola persona continúe viviendo en la incertidumbre sin saber qué sucederá mañana”, detalló la también portavoz alterna del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado.

Concretamente, la medida 190 establece un proceso ordenado entre Vivienda, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales con el propósito de poner fin a la incertidumbre que enfrentan las familias e individuos realojados en alquileres temporeros.

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“Agradezco la activa colaboración de Thais Reyes, directora ejecutiva de ODSEC, de Carlos Rivera Justiniano, asesor legislativo de La Fortaleza, así como de los compañeros legisladores que fungieron como coautores y los que votaron a favor”, dijo.

El pasado 29 de junio, el presidente de la Cámara de Representantes firmó el proyecto ya aprobado en el Senado. Durante el proceso de vistas públicas, se reseñó particularmente el caso de doña Isabel Rivera Navarro, con más de 80 años de edad y residente de Adjuntas. Desde 2008 se encuentra realojada en un ‘alquiler temporero’ costeado por el Departamento de la Vivienda. Su residencia aún se encuentra inhabitable, y ‘en planes de reconstrucción’.

“Lo insólito es que en los pasados 13 años, ningún empleado público ha provisto una respuesta coherente referente a su situación. Cada año, Vivienda renueva el contrato de alquiler, que anualmente asciende a $6,600. Una operación matemática simple nos lleva a concluir que, con todo lo desembolsado por el Departamento se pudo construir una residencia completamente nueva de $85,800. Ahora bien, resulta preocupante que desde hace meses el Departamento ha hecho caso omiso a la renovación del alquiler, ocasionando que el arrendatario informara a doña Isabel que debe abandonar la residencia. Este proyecto viene a solucionar esta disyuntiva y espero que el Gobernador examine y firme la medida”, finalizó Hau.

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