El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.
Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la mención de los nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.
Ricardo Zúñiga, enviado especial para la región centroamericana, dijo en conferencia telefónica con periodistas que Estados Unidos continuará usando sus herramientas “para combatir la corrupción, la impunidad y los actores que están tratando de atacar a a democracia y las instituciones democráticas”. Agregó que para crear la lista se usa información de cada país y bajo la ley de Estados Unidos.
La publicación ocurre mientras el gobierno del presidente Joe Biden presta atención a la corrupción endémica en la región como uno de los factores que impulsa a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos.
El llamado del Congreso para el reporte refleja una preocupación creciente “sobre el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la reincidencia considerable que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.
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Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.
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Quizás tan importante que la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores actuales, fue la omisión del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado sospechas de que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.
Él ha negado haber cometido alguna falta. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.
El analista hondureño Raúl Pineda Alvarado dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que en general no incluye a los perpetradores principales, algo que lo decepcionó .
“Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina”, comentó.
En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, sostuvo.
“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción… pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, declaró.
En cuanto a El Salvador, en la lista se incluyeron exfuncionarios del gabinete, un juez y el jefe de despacho del presidente Nayib Bukele. La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, ha mantenido un perfil bajo desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.
La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción considerable al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en un plan de lavado de dinero.
La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder preeminente del partido Nuevas Ideas de Bukele.
De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.
Araujo reacción en Twitter, diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.
“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel…. me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.
Jean Manes, una exembajadora estadounidense para El Salvador, que recientemente regresó de manera temporal como encargada de negocios, dijo en un comunicado en video que la estrategia de Estados Unidos en la región se centra en combatir la corrupción porque es el factor más grande que impide el desarrollo.
“Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos”, afirmó. “Esta es una lucha larga compleja y continua, por eso hacemos uso de diferentes herramientas como la lista Engel que nos permite tomar acción inmediata en contar de actores que están abusando su poder para beneficio personal”.
Eduardo Escobar, jefe de Acción Ciudadana, una organización de rendición de cuentas públicas de El Salvador, dijo que se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita al país.
Escobar dijo que en algunos casos, la lista dio crédito a los señalamientos de que algunos miembros del gobierno de Bukele estaban involucrados en actos de corrupción, así como miembros de otros partidos políticos. Añadió que ahora tendrían que ver si la Fiscalía General de El Salvador toma alguna medida para perseguir a las personas mencionadas en la lista.
El gobierno de Bukele no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.
En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.
El fiscal jefe contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.
“Creo que faltan varios procesados por corrupción”, añadió Sandoval. “En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”
Zúñiga dijo que para Estados Unidos es importante tener socios confiables y por eso están comprometidos a trabajar con quienes luchan contra la corrupción, “esta es la primera lista”, dijo.