El Consejo de Ministros aprobó el martes un proyecto de ley de derechos LGBTI que permitirá a las personas transgénero mayores de 16 años cambiar su género y nombre en el registro civil sin la intervención de médicos o testigos.
El proyecto podría sufrir modificaciones durante el debate parlamentario. Pero si se aprueba en su esencia, España se sumará a un puñado de países en el mundo que consagran la autodeterminación de género sin un diagnóstico de disforia de género o el requisito de que el aspecto físico de la persona sea acorde con las expresiones tradicionales de masculinidad o feminidad.
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Los cambios en el registro civil serían más veloces que en la mayoría de los países: hasta cuatro meses desde la solicitud original hasta la aparición del cambio en los documentos oficiales. El proceso sería reversible durante un semestre, pero luego requeriría un recurso judicial.
El proyecto ha sido polémico desde el inicio, con el enfrentamiento entre activistas transgénero y algunas feministas que consideran que la ley enturbia el concepto de sexo biológico.
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También generó un enfrentamiento dentro de la coalición gobernante izquierdista, ya que al principio los socialistas se opusieron a la autodeterminación al coincidir con las activistas feministas históricas mientras que el socio menor, Unidas Podemos, de extrema izquierda, impulsó el derecho a elegir libremente el propio género sin tutelas.
“Ha sido una negociación larga y difícil” dentro del consejo, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, y “un paso de gigantes” para asegurar los derechos de los transgénero.
El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, tuiteó que “nos situamos a la vanguardia internacional” en reconocer los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo.
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La ley prohíbe las llamadas terapias de conversión para suprimir la orientación sexual o la identidad de género, impone multas y sanciones a quienes atacan a los LGBTI y anula la prohibición de que las parejas lesbianas registren a sus hijos bajo los nombres de ambos padres.
“Reconocemos el derecho a ser quien cada uno quiera ser”, dijo Sánchez.
“Reconocemos el derecho a ser quien cada uno quiera ser”, dijo Sánchez.
Algunas opositoras feministas temen que algunos hombres puedan usar la autodeterminación de género para invadir los espacios seguros de las mujeres, que ejerza presión sobre las jóvenes que ven más fácil tener éxito en el mundo actual como hombres o que sesgaría las cuotas y las estadísticas nacionales, haciendo que todo, desde el trabajo hasta los deportes, sea más difícil para las mujeres.
Un manifiesto firmado por unos 50 grupos de mujeres que circulaba en las redes sociales acusó al gobierno de “traicionar” a las mujeres.
Colectivos como Fórum de Política Feminista reclaman que, en lugar de impulsar esta normativa, se aborden temas de la agenda feminista “que nada tienen que ver con sentimientos y sí con la realidad de la mitad de la población de este país”, como la brecha género o la desigualdad en trabajo o en las pensiones.
