El caso criminal contra cinco estudiantes egresados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) —quienes irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la institución durante la huelga en 2017— podría resolverse el próximo 15 de julio de concretarse un acuerdo entre la representación legal de estos y la Fiscalía.
Así lo informaron hoy las partes a la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan Eloína Torres Cancel durante una vista evidenciaria del proceso judicial. La abogada María Soledad Saéz, quien representa a la ahora exestudiante Verónica del Carmen Figueroa Huertas, planteó a la jueza que habían estado en negociaciones con el fiscal Carlos García desde horas de la mañana y que habían alcanzado un acuerdo, pero aún quedaba “afinar” unos detalles de dicha transacción judicial.
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Según indicó Sáez a la jueza, el acuerdo dispondría del caso “en su totalidad”. De esta forma, la jueza Torres Cancel fijó para el próximo 15 de julio a las 10:00 a.m. una vista judicial en donde ambas partes informarán al tribunal el resultado de dicho acuerdo.
A su salida de la sala, Saéz indicó a este medio que el acuerdo podría incluir alegaciones de culpabilidad por delitos menores a los imputados por el Ministerio Público, pero no quiso precisar los detalles del acuerdo entre la Fiscalía y los estudiantes. “Hay un acuerdo que estamos en conversaciones y eso es lo que hay que afinar. Vamos a ver si ese día podemos llegar a un acuerdo que se disponga del caso en su totalidad”, dijo la abogada. “Estos muchachos lo que quieren es seguir con sus vidas y no tener un caso pendiente y si se les hace una oferta que les permita a ellos resolverlo y que esto quede ahí de una manera favorable para ellos”, continuó.
Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres y Thaliangelly Torres González enfrentan cargos por supuesta restricción de libertad en su modalidad agravada, empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y delito contra el derecho de reunión. Mientras que Francisco Santiago Cintrón y Gabriel Díaz Rivera encaran cargos criminales por supuesta restricción de libertad agravada y delito contra el derecho de reunión.
El caso de los estudiantes generó polémicas hace dos años luego de que trascendiera que el Departamento de Justicia obtuvo una orden de allanamiento contra la red social Facebook para que revelara datos de perfiles e intercambios con cuentas de medios de comunicación como Diálogo UPR, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil. Diversos sectores y los propios abogados de los estudiantes alegaron que se trataba de una persecución y carpeteo digital contra estos en medio del proceso huelgario que duró alrededor de tres meses. Pese a estos reclamos que una vez levantaron, Saéz indicó que son los clientes quienes deciden acoger dicho acuerdo. “Quienes tienen que estar complacidos son ellos…La decisión es de ellos y yo como abogada estoy satisfecha con lo que ellos decidan”, dijo.
“Todos esos aspectos [argumentos de carpeteo digital], si se acaba el caso, pues no se seguirían trabajando dentro de este caso…El proceso legal terminaría en cuanto a ellos, pero ya los adelantos y las cosas que nos reveló este caso, esa ganancia ya está ahí y es una ganancia que a partir del sacrificio que hicieron de estar en este proceso tanto tiempo se descubrieron esas cosas”, añadió.
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Incluso, el abogado Oscar Martínez, quien representa a Díaz Rivera, mencionó que una vez concluido el proceso se podría revelar la lista de personas a las cuales el DJ obtuvo información de sus cuentas digitales.
De no concretarse el acuerdo, el juicio continuaría las vistas evidenciarias con el testimonio del agente Luis Muñiz, quien presentó la denuncia contra estos en 2017.
El caso se remonta a abril de 2017 en medio de una huelga estudiantil en donde un grupo de estudiantes interrumpió una reunión del ente rector de la Universidad para exigir que se detuvieran los recortes presupuestarios a la institución. En el intercambio, los estudiantes compelieron a la entonces presidenta de la institución, Nivia Fernández, y al presidente del ente rector, Carlos Pérez, a firmar un documento en oposición a los recortes. En mayo de 2017, el DJ acusó a nueve estudiantes. Pero entre varios procesos judiciales, solo cinco de estos enfrentaron un juicio en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Luego de tres años de los hechos, el proceso judicial contra los estudiantes pareció alcanzar su punto final en agosto de 2020 luego de que la jueza Torres Cancel desestimó los cargos contra los estudiantes ya que, según la togada, se violentó el debido proceso de ley de los jóvenes universitarios. Sin embargo, en enero de 2021, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso a dicho tribunal para iniciar un juicio por jurado.
Inclusive, el caso contra los cinco estudiantes universitarios fue eje de discusión durante las vistas senatoriales de confirmación del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli. La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago se opuso al nombramiento del funcionario ya que denunció que este insiste en continuar el proceso legal contra los estudiantes pese a irregularidades en la obtención de evidencia. En ese momento, Emanuelli argumentó que no intervendría con la gestión de los fiscales.
El caso también ha levantado dudas en torno a los métodos investigativos que utilizó el Departamento de Justicia para obtener información de los acusados. De acuerdo con información que trascendió en el proceso de vista preliminar, la agencia gubernamental obtuvo una orden de allanamiento a la red social Facebook para que le diera acceso a datos e intercambios de mensajes entre perfiles de personas y cuentas de medios de comunicación como Diálogo UPR, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil.
