El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, junto al presidente de la colectividad en Villalba, Guillermo Irizarry, denunciaron que la pasada semana la Legislatura Municipal le aprobó al alcalde, Luis Javier Hernández Ortiz, aumentarles el salario a sus empleados de confianza.
La medida aprobada con solo la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) concede aumentos a todos los empleados catalogados por el alcalde como de confianza desde 200 hasta 600 dólares mensuales comenzando de manera inmediata.
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“Lo que estamos viendo con este desmedido y totalmente innecesario aumento de salario a los empleados de confianza del alcalde de Villalba es su primer paso de crear un equipo electoral y político para correr para la candidatura a la gobernación dentro de su partido popular. Hacer eso con fondos públicos es una vergüenza”, sentenció el secretario general de la Palma.
Irizarry, por su parte, recalcó que los aumentos se dan en medio de un momento de históricos déficits en las arcas municipales de Villalba producidos por malas decisiones administrativas.
“Este es un municipio mal administrado por Hernández Ortiz, quien desde hace unos años atrás dejó de ser Alcalde para convertirse en candidato a la gobernación por el partido popular. ¿Cómo se justifica aumentos de hasta $600 mensuales a empleados de confianza cuando la Oficina del Contralor reveló en su más reciente informe de autoría deudas ascendentes a $1.3 millones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Cómo se justifica cuando el Alcalde le debe al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) la friolera de un millón de dólares? Así podemos seguir todo el día. Sencillamente esto es un abuso y un asalto a las finanzas municipales de una Alcalde más preocupado en su campaña política que en su pueblo”, señaló Irizarry.
Los líderes novoprogresistas solicitaron al primer ejecutivo de Villalba cancelar, de manera inmediata, los aumentos salariales a los empleados de confianza ante la realidad fiscal y económica por la cual atraviesa el municipio, más aún de cara a la posible reducción de fondos a los ayuntamientos impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal y la mayoría del PPD en la Cámara de Representantes.
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