La jueza María Rojas dejó en suspenso hoy su decisión en torno a si entrega o no a la defensa del acusado Miguel Ocasio Santiago —asesino confeso de Andrea Ruiz Costas— las regrabaciones de las vistas judiciales a las que acudió la mujer en donde buscaba protección legal del acusado, quien era su expareja.
Durante una vista judicial hoy en la sala especializada de violencia doméstica, la jueza concedió hasta el miércoles para que la Fiscalía presente sus objeciones por escrito a la entrega de las regrabaciones. Así lo indicó hoy el abogado Rubén Parrilla, quien representa a Ocasio Santiago en el procedimiento criminal en su contra. El pasado 1 de mayo, Ocasio Santiago se entregó a la Policía y confesó haber asesinado a Ruiz Costas el 28 de abril.
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“La jueza le concedió un término adicional al Ministerio Público para dilucidar y para que pusiera su posición por escrito”, dijo el letrado al salir de la sala de la jueza en el Tribunal de Primera Instancia en Caguas. Parrilla mencionó que la defensa solicitó las regrabaciones de dichas vistas ya que contiene “el testimonio anterior de la perjudicada que entendemos que la defensa tiene derecho a ver”.
El abogado, asimismo, apuntó a que, durante la vista, los fiscales se opusieron a la entrega de las grabaciones. “Ellos se oponen. se oponen basado en que es un proceso distinto”, dijo Parrilla a los medios.
Agregó que, en su experiencia como abogado, no es usual que el Ministerio Público se oponga a revelar las regrabaciones de un proceso judicial al argumentar que se trata de un proceso judicial distinto.
“En mi experiencia, como norma general, antes que sucedieran los eventos de los últimos meses, se entregaban las regrabaciones”, señaló el abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).
Parrilla distinguió su solicitud de la entrega de las grabaciones al reclamo de los gremios periodísticos ya que su petición gira en torno al derecho constitucional que le asiste a Ocasio Santiago de recibir una representación legal adecuada ante un procedimiento criminal.
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“El issue de libertad de expresión es un issue diferente al issue de tener las herramientas y los elementos necesarios para preparar a un acusado para atender un asunto como este tan serio que conlleva unas penas tan elevadas. Son las penas más altas que tienen los delitos en Puerto Rico en el Código Penal, por lo que no quisiera entrar a dirimir la controversia de libertad de expresión y la defensa de mi cliente”, expuso Parrilla.
Cabe destacar que la jueza Rojas no permitió a los medios de comunicación acceder a la sala para escuchar el procedimiento que estaba pautado para la 1:30 p.m. en el tribunal en Caguas. Incluso, la jueza no le permitió acceso a los representantes legales de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).
Según contó el abogado Edgar Villanueva, quien representa a la organización periodística en el proceso judicial, intentó acceder a la vista judicial, pero la jueza Rojas le negó acceso a la vista. Incluso, mencionó que ni tan siquiera tenía permitido acceder a la sala.
El 7 de mayo, la Asppro solicitó al juez Ricardo Marrero del Tribunal de Primera Instancia en Caguas la entrega de dichas grabaciones. Días después el Tribunal Supremo intervino en la controversia del Tribunal en Caguas, negó la publicación de dichas grabaciones y ordenó la cancelación de una vista que habría sido señalada por el juez Marrero. El pasado 2 de junio, el máximo foro judicial
