El Senado de Puerto Rico aprobó un paquete de medidas, entre las que se destaca el Proyecto del Senado 150 para incluir a los policías estatales y municipales, retirados y activos, así como a sus cónyuges e hijos al Plan de Salud del Gobierno.
El PS150, de la autoría del senador Rubén Soto Rivera, busca específicamente añadir un inciso a la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” para incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos.
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Asimismo, que se autorice a la ASES a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas; también que se disponga que sea opcional para los policías municipales acogerse al Plan de Salud del Gobierno y de optar por acogerse al mismo la aportación patronal vaya a ASES.
El presidente de la Comisión de Salud, Rubén Soto Rivera, expresó durante su alocución que “esta medida le hace justicia a los policías estatales y municipales… Concurro con las palabras del senador Rafael Bernabe de que este país necesita un Plan Universal de Salud… Con la situación actual, resulta importante ofrecerle [a los agentes del orden público] este plan de salud para ellos y sus familias. Esta Comisión recomienda un voto a favor de este proyecto, [ya que] tenemos que seguir luchando para romper las barreras y haya equidad social no importa a la clase social [a la] que pertenezcan”.
El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, quien tomó un turno sobre la medida, además de adelantar que votaría a favor, destacó la importancia de que Puerto Rico tenga un Sistema de Salud Universal.
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“Esta medida nos plantea el tema de la situación de salud y los seguros de salud entre los puertorriqueños… Para resolver este tipo de situación existe la alternativa de un Plan Universal de Salud. El concepto lo vamos a costear con lo que aportamos ahora a las aseguradoras privadas. [Lo que] permite reducir costos y ofrecer mejores servicios. [Con un Plan Universal] se ha demostrado que permite llevar el recurso al paciente y no a las aseguradoras. Votemos a favor [de esta medida] para que las personas que no están cubiertas ahora estén cubiertas”, sentenció el senador Bernabe.
El Alto Cuerpo también avaló el Proyecto del Senado 118, de la autoría del senador Javier Aponte Dalmau, que pretende enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” para así añadir funciones y facultades a la Oficina de Manejo de Información de Seguridad para lograr la implementación del sistema de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.
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Aponte Dalmau resaltó la importancia de aprobar esta medida para que dentro del Departamento de Seguridad pueda solucionarse el problema de interconectividad y falta de comunicación entre las agencias pertenecientes a la sombrilla.
“Es importante que esta medida, después de 8 años, pueda ser atendida en este Cuerpo donde casualmente murió en un cierre de sesión. Creo que en la tarde de hoy este proyecto tiene que estar aprobado por los 27 miembros de este Cuerpo. La falta de interconectividad ha costado vidas, porque estos no se pueden comunicar. Miles de personas murieron en el 911 porque la policía en una emergencia no se podía comunicar con otras agencias. Por eso Puerto Rico recibió, no solo los 9 millones, sino más de 10 millones de dólares que lo utilizaron los municipios para comprar equipos de comunicaciones. No existe la capacidad para que una agencia pueda comunicarse con la otra”, resaltó Aponte Dalmau.
También se dio paso a la Resolución del Senado 133 para que se realice una investigación sobre la implementación y ejecución de la “Ley de Aguas de Puerto Rico”; se evalúe la efectividad del Comité de Recursos de Agua; se fiscalice la efectividad del DRNA en la protección del recurso agua; monitorear que los proyectos y recursos económicos destinados al dragado de los embalses se utilicen adecuadamente y para otros fines.
De otra parte, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 77 que le ordena al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a que implemente lo dispuesto en la Ley 56-2018 para incluir cursos de lenguaje de señas en los currículos de las escuelas del Departamento de Educación de Puerto rico de nivel elementa, intermedio y superior.
“Aún con la importancia que reviste la puesta en vigor de este estatuto, es conocido que en lo que corresponde al Departamento de Educación no se ha cumplido a cabalidad con esta política pública. Esto a pesar de la necesidad imperiosa de erradicar el discrimen y la marginación de la comunidad audio impedida en Puerto Rico”, reza en el informe de la medida.