La jueza María Rojas le negó acceso hoy a la representación legal de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) a una vista en la que se dilucida una petición de divulgación de las grabaciones del proceso judicial que inició Andrea Ruiz Costas para intentar protegerse legalmente de su expareja, Miguel Ocasio Santiago.
El abogado de la organización, Edgar Villanueva, indicó que acudieron a la vista —pautada para la 1:30 p.m. en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas—, pero que la jueza les ordenó que abandonaran la sala al argumentar que solo estaba citado la Fiscalía y los abogados de defensa de Ocasio Santiago. A Ocasio Santiago se le imputa haber cometido los delitos de asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y una violación a la Ley de Armas.
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Villanueva contó que la jueza Rojas negó, incluso, comenzar la vista judicial hasta tanto estos salieran de la sala. La organización acudió a la vista luego de que el pasado 7 de mayo le solicitaron al juez Ricardo Marrero del Tribunal de Primera Instancia en Caguas la entrega de dichas grabaciones. Días después el Tribunal Supremo intervino en la controversia del Tribunal en Caguas, negó la publicación de dichas grabaciones y ordenó la cancelación de una vista que habría sido señalada por el juez Marrero.
La jueza tampoco permitió que los medios de comunicación estuviesen presentes en la vista judicial. Pese a que el caso criminal contra Ocasio Santiago se encuentra en etapa de vista preliminar, la vista judicial para dilucidar la entrega de dichas grabaciones se atendió en la Sala Especializada de violencia doméstica en Caguas.
La vista de hoy giró en torno a una solicitud de la defensa de Ocasio Santiago en la que se solicita la entrega de las regrabaciones de los procesos judiciales que interpuso Ruiz Costas, que incluyeron una petición de orden de protección y una denuncia criminal al amparo de la Ley 54.
De acuerdo con el abogado de Ocasio Santiago, Rubén Parrilla, la jueza citó a las partes para el próximo miércoles a una vista en donde la Fiscalía deberá presentar por escrito sus objeciones a la entrega de dichas grabaciones.
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