La Unión de Trabajadores Industria Eléctrica y Riego (Utier) deberá contar autorización de su Consejo Estatal antes de alcanzar un acuerdo judicial con el consorcio energético LUMA Energy.
El pasado 4 de junio, la empresa demandó al sindicato y a la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y alegó que dichas organizaciones bloquearon y limitaron el acceso a las instalaciones de Palo Seco, Caguas y Utuado. En horas de la mañana, el juez Alfonso Martínez Piovanetti pidió a las partes que intentaran llegar a un acuerdo transaccional que ponga fin a la demanda de la empresa privada contra los gremios obreros.
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El abogado de la Utier Alejandro Torres indicó al juez que antes de alcanzar cualquier acuerdo con la representación legal de LUMA Energy, la oferta transaccional debía ser presentada al Consejo Estatal de la Utier. Según el abogado, dicha consulta al gremio estaría ocurriendo entre el domingo y el lunes.
Ante esto, el juez Martínez Piovanetti decidió posponer la vista judicial para el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m. Ante el vencimiento del término del entredicho provisional dictaminado el pasado 4 de junio, el juez extendió por cinco días adicionales el recurso legal. En esencia, el recurso ordena a las organizaciones obreras a no impedir el acceso de la empresa energética a las instalaciones donde se administra el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.
Más temprano, el juez Martínez Piovanetti exhortó a las partes a buscar un acuerdo en el que los demandados no acepten las alegaciones planteadas en la demanda de LUMA, pero acuerden unos parámetros que garanticen por un lado su libertad constitucional de expresión y por otro el acceso de LUMA a las facilidades que operan.
La defensa de la Utier —compuesta por Torres, Rolando Emmanuelli y Jessica Méndez— planteó que el Tribunal no ostentaba jurisdicción par emitir un entredicho provisional ya que se trataba de una disputa obrera, según lo dispone la Ley 50 de 1947. Sin embargo, el juez decidió extender el término del entredicho provisional pero solo por cinco días. El pasado 4 de junio, el juez fijó un término de 10 días de vigencia del entredicho provisional.
Por su parte, quedó en suspenso el testimonio de Michelle Fraley, quien comenzó a testificar en horas de la mañana. Durante su testimonio, se presentaron varios vídeos de reportajes periodísticos o de coberturas de medios de comunicación en directo a las manifestaciones de la UTIER. Fraley describió el contenido de los vídeos, aunque admitió que no podía autenticar quién los tomó y la fecha en que se tomaron.
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Los abogados de los demandados cuestionaron autenticación de los vídeos y valor probatorio de los mismos. También plantearon que no vieron evidencia de violencia u obstrucción, sino el ejercicio de libertad de expresión. El juez pidió a los abogados reservar las argumentaciones sobre cómo el tribunal debe aquilatar la prueba para el final de la presentación de prueba.
En un momento de la vista, el juez expuso que “yo tengo serias dudas sobre el valor probatorio – de ninguno de los videos que se mostrara no se nos ha puesto en posición de determinar en qué fecha se filmaron, en qué año se filmaron”. También recordó que la prueba debe ir solo sobre las argumentaciones de la demanda, es decir sobre si se prueba que se limitó el acceso a LUMA a las facilidades bajo su operación.
Más temprano, el juez dio paso a la vista evidenciaria para un interdicto porque dijo que trata de una disputa laboral. De hecho, está permitiendo a los abogados de los demandados contrainterrogar testigos.
“El tribunal tiene jurisdicción una vista de Injunction preliminar sin duda alguna. A diferencia de un injunction preliminar ordinario, le corresponde a la parte pasar su prueba. El Tribunal va a dar oportunidad de contrainterrigar testigos”, expuso el juez Martínez Piovanetti antes de juramentar los testigos de LUMA.
