La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores continuó este miércoles con el proceso de vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 768 que persigue prohibir que menores de edad reciban tratamientos hormonales o se sometan a cirugías de reasignación de sexo como parte de su proceso de afirmación de género.
La comisión cameral, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, recibió la comparecencia del presidente de Proyecto Dignidad, doctor César Vázquez Muñiz, quien apoyó la pieza legislativa, pero recomendó subir la edad propuesta de 18 a 21 años para que una persona trans pueda consentir a los tratamientos de cambio de sexo.
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Según el cardiólogo, los bloqueadores de pubertad, las hormonas sexuales exógenas y las cirugías cosméticas “inducen unos cambios permanentes en el cuerpo, afectando asuntos tan importantes como la capacidad reproductiva y la capacidad de responder sexualmente”.
Sin embargo, el médico sostuvo que solo la persona recipiente de los tratamientos debe tener la autoridad para consentir a ellos. “Ni el médico, ni los padres, tutores o encargados deben sustituir el consentimiento del afectado. A los 21 años, con plena libertad y con mayor comprensión, es que se puede dar el verdadero consentimiento”, expresó Vázquez Muñiz en comunicación escrita.
Con Vázquez Muñiz concordó la psicóloga clínica Griselly García Delgado, quien consideró que la prohibición debería ser hasta los 21 años y aseguró que “este tipo de intervenciones hormonales y quirúrgicas deben ser examinadas”. “Los proyectos de ley que reglamenten la salud deben ir alineados con la ciencia y proteger la integridad médica en la que se utilice la medicina para curar y no para dañar cuerpos sanos, sobre todo cuando se trata de niños y jóvenes”, señaló.
La doctora Sally Priester, igualmente se manifestó a favor del proyecto de ley al mencionar que estos tratamientos supuestamente tienen implicaciones en el desarrollo fisiológico, hormonal, físico, mental y emocional de los menores. Asimismo, el cardiólogo Iván Lladó avaló la medida por las consecuencias cardiovasculares que podrían enfrentar los menores durante su vida adulta.
La activista transexual Joanna María Cifredo reconoció las consecuencias de los tratamientos hormonales, por lo que abagó por mayores protecciones para que estos procesos puedan realizarse de manera segura y con la debida evaluación médica para las personas trans.
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No obstante, la también líder de una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a jóvenes transgénero afirmó que la percepción de que en Puerto Rico hay padres que obligan a menores a recibir tratamientos de cambio de sexo es falsa. “No existe ningún caso de un joven que es forzado por sus padres a tomar hormonas o transicionar. Eso simplemente no pasa”, manifestó.
En su rechazo a la pieza legislativa, la activista también acentuó la peligrosidad de que jóvenes trans recurren a conseguir tratamientos hormonales clandestinamente y los problemas de salud mental que pueden desarrollar al no contar con el respaldo de sus padres. La portavoz tildó la medida como “anti-trans” y exhortó a que sea derrotada en la comisión cameral.
“Aparezco frente a ustedes a defender los derechos de la juventud trans, queer y no binaria de Puerto Rico con el conocimiento de que en este país han desmembrado, calcinado y apuñalado a personas trans por los prejuicios que algunos líderes religiosos y políticos han perpetuado. Y es por esos discursos que hoy día Puerto Rico es la jurisdicción con la tasa más alta de transfeminicidios en Estados Unidos”, enfatizó Cifredo como parte de su testimonio.
Además, destacó que, según su experiencia como parte de la comunidad trans, la mayoría de las personas transgénero en Puerto Rico no se someten a cirugías de reasignación de sexo, pues carecen de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo esta operación altamente costosa.
“La mayoría de las personas trans no se operan. Simplemente no pasa, porque la comunidad trans no tiene dinero. Somos una comunidad bien vulnerable, bien violentada, discriminada. Es difícil pagar la renta y comprar comida. La mayoría de las personas trans no tienen 25,000 dólares para gastar en una operación así”, explicó.
A las expresiones de la portavoz se unió la representante Mariana Nogales Molinelli, quien defendió la postura de que los sistemas de cubierta médica cubran estos procedimientos al argumentar que no se tratan de asuntos cosméticos, sino de tratamientos identitarios.
“Si la preocupación es los efectos secundarios que pudieran tener en términos de cardiólogos, neurólogos, etcétera, lo que debemos trabajar es para hacer que estos tratamientos sean más seguros y se fomente esa investigación para que el tratamiento que se reciba permita lograr el objetivo que quiere la persona trans; y el objetivo social de proteger a las personas y que tengan una buena salud”, subrayó la legisladora.
Nogales Molinelli y Cifredo coincidieron en que el proyecto de ley incluye un lenguaje transfóbico al tipificar los tratamientos para la afirmación de género como abuso sexual por parte de padres que acepten o apoyen estos procesos en sus hijos e hijas.
“Eso para mí fue una de las partes más ofensivas de este proyecto, y por eso es que en gran parte digo que esto es una medida legislativa anti-trans. Conozco las familias de estos jóvenes… Para decir que esos padres están cometiendo un delito sexual, para mí eso es algo bien descarado”, sostuvo Cifredo.
Burgos Muñiz, quien preside la comisión cameral, reiteró su objetivo de que el proyecto de ley sea “analizado responsablemente” y resaltó que dará prioridad al criterio médico discutido a lo largo de cuatros vistas públicas realizadas hasta la fecha.
“El criterio médico de los que han pasado por aquí es lo que nosotros vamos a darle peso. Sí le dedicamos peso a las experiencias (de las personas trans). Definitivo. Pero el criterio médico, lo que nos han traído, lo que yo he escuchado, nos lleva a pensar que verdaderamente el proyecto es necesario en Puerto Rico”, expresó la representante. “Esto incide directamente en las generaciones futuras y en los niños de este país”.
Por su parte, la portavoz de la organización Mujeres por Puerto Rico, Claribel Maldonado, endosó el proyecto de ley al señalar como “maltrato infantil” y un “grave problema ético” permitir la realización de procedimientos que son irreversibles y que “alteran toda una vida en menores de edad, quienes no pueden dar un válido consentimiento”.
