Falta de sincronización entre las distintas iniciativas, complicaciones de acceso y poca aportación del gobierno estatal son algunos de los diagnósticos que el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) desarrolló acerca de una decena de programas federales de protección social que atienden las necesidades de familias con niños en Puerto Rico.
Según explicó, durante una videoconferencia, la directora de investigación del IDJ, María Enchautegui, el resultado del modelo prevalente de asistencia social es que “el rol de apoyar a las familias trabajadoras ha sido abandonado”.
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Entre los criterios que elaboró la organización para seleccionar cuáles, entre las decenas de programas de asistencia social federales, analizar, figuró que se tratara de beneficios atados a los ingresos familiares, que fueran dirigidos a familias con menores de edad y que fuera asistencia recurrente siempre y cuando la unidad familiar preservara su elegibilidad.
Bajo esos parámetros, quedaron descartados programas como el Seguro Social y los beneficios de desempleo, que no establecen un tope de ingresos, así como las ayudas de emergencia por la pandemia del Covid-19, que se legislaron con carácter temporero.
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Los programas que el estudio del IDJ evaluó, a partir de esos criterios, fueron el Plan Vital, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la asistencia nutricional para mujeres, infantes y niños (WIC), los Head Start y Early Head Start, los programas de cuido y educación preescolar, la Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF), el Crédito por Ingresos Devengados (EITC), el subsidio energético (Liheap), el programa de vivienda pública (sección 9) y los subsidios de alquiler de vivienda (sección 8).
En Puerto Rico, “hay gran variabilidad en la definición de pobreza que utilizan los programas y por consiguiente en los límites de ingresos para elegibilidad, mientras que en los estados hay una amplia aplicación de las guías establecidas por (el Departamento de Salud federal)”, lee parte del informe, titulado “Colgando de un hilo: el sistema de protección social de Puerto Rico y la movilidad social de las familias”.
“La variabilidad en la definición de pobreza dificulta establecer unos estándares de necesidad que rijan a todos los programas para poder combatir la pobreza”, añade el documento preparado por el IDJ.
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La economista Enchautegui observó, además, que los participantes de muchos de los programas, como los de sección 8, están sujetos a perder de un momento a otro la totalidad de los beneficios si sus ingresos rebasan, aunque sea mínimamente, los estándares de elegibilidad.
“No vemos una transición”, subrayó la investigadora, quien añadió que es necesario estudiar más a fondo si ha habido una reducción en las unidades disponibles bajo el programa de sección 8 como consecuencia de la popularización de alquileres a corto plazo mediante plataformas como Airbnb.
En el caso del TANF, Enchautegui sostuvo que se calcula que hasta 80,000 familias puertorriqueñas podrían ser elegibles, pero apenas unas 25,000 participan. Es decir, más del 30% de la población elegible desperdicia la oportunidad de beneficiarse de este programa, que, según explicó el IDJ, es el único que provee ayuda temporera en efectivo a familias de bajos ingresos.
Para ser elegible al TANF se exige, entre otros requisitos, que el padre o madre esté empleado o buscando empleo. A juicio de Enchautegui, los requisitos de este programa federal “pueden considerarse onerosos y culturalmente insensibles a la cultura puertorriqueña dado la larga tradición en Puerto Rico de familias dirigidas por mujeres. TANF también enfrenta el reto de uso de evidencia. Este es el único programa en donde se ha implantado una transición al empleo con manejadores de casos. No obstante, las experiencias de este programa no han sido evaluadas rigurosamente para conocer qué funciona y qué no funciona cuando se trata de incrementar el empleo entre beneficiarios de ayudas del gobierno y cómo mejorarlos”.
En el caso de los centros Head Start y Early Head Start, la directora de investigación del IDJ puntualizó que el 43% no ofrece servicios en horario completo, limitando igualmente la conveniencia para las familias puertorriqueñas.
De los 10 programas analizados, el IDJ encontró que el gobierno estatal únicamente aporta significativamente en dos de ellos: el EITC y el Plan Vital, aunque en este último el gobierno federal a ha asumido la mayor parte de la carga posterior al huracán María, mediante legislación para aumentar las contribuciones de Medicaid.
De acuerdo con Enchautegui, las asignaciones federales no impiden que las jurisdicciones aporten de sus fondos para mejorar a ampliar la cobertura de los diversos programas, una alternativa que el estudio recomienda para el TANF y la asistencia de cuido de niños.
En última instancia, el sistema de protección social, concluye el estudio no promueve el avance socioeconómico de lo recipientes de ayudas.
“El sistema ha sido asistencialista y de mitigación, yno de desarrollo. No hay enfoque de cómo podríamos trabajar para mover a estas familias y ponerlas en el camino de movilidad económica”, resumió la economista, quien reconoció que una excepción es el modelo que la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia ha implementado para el uso de los fondos del PAN, que excluye del cálculo de ingresos el dinero que una familia genera a base de ciertos empleos, como el trabajo agrícola.
“Esto no muere aquí, sino que nos presenta una agenda de trabajo para uno o dos años”, expresó Enchautegui, al precisar que el IDJ buscará traducir el informe en acción gubernamental.
El informe completo del IDJ, así como un resumen, pueden encontrarse en el portal de la organización.
