La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó hoy una solicitud de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) a que paralizara el contrato que le transfiere el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país al consorcio energético LUMA Energy.
El pasado 20 de abril, el sindicato pidió a la jueza una orden de interdicto para que frenara la implantación de dicho acuerdo que se espera entre en vigor el próximo 1 de junio de 2021.
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El caso ahora seguirá su curso habitual ante la jueza Swain.
Si bien la jueza validó que la entidad obrera tenía capacidad para presentar la mayoría de los reclamos, decidió denegar la solicitud ya que planteó que la Utier no pudo probar las probabilidades de triunfar en dicho proceso legal. En procesos legales en los que se solicita un interdicto, la parte que lo solicita tiene que probar que posee probabilidades de prevalecer en las argumentos que plantea.
Entre los argumentos en su demanda del 20 de abril, la Utier alegó que el acuerdo es contrario al orden público, resulta leonino ya que 53 cláusulas solo favorecen a LUMA Energy y ninguna a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, la jueza rechazó dicho planteamientos y señaló que solo se tratan de discrepancias de la Utier con la política pública del estado.
“Cada una de estas alegaciones está centrada en discrepancias con las decisiones de la Legislatura con relación a la política pública energética o daños que han sido reclamados por la ciudadanía de Puerto Rico en lugar de que sean reclamos de uno de los demandantes. Estas discrepancias con política pública y estas amplias alegaciones de daños al bienestar público debido a un incumplimiento del gobierno con la ley son insuficientes para validar la legitimación activa para demandar”, reza la decisión de la jueza.
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La Utier también reclamó que el contrato violenta las disposiciones federales bajo ERISA ya que, e en esencia, el acuerdo LUMA provocaría, según el sindicato, que se crearan dos sistemas de retiro para aquellos empleados que pasen al consorcio energético y aquellos que decidan mantenerse en la AEE. De acuerdo con la Utier, la ley ERISA dispone que los sistemas de retiro del gobierno deben ser uniformes.
Sin embargo, Swain descartó dicho argumento y señaló que el sistema de retiro de la AEE no es aplicable a las disposiciones de ERISA. “Ninguno de los demandantes tiene permitido presentar una acción al amparo de la Ley ERISA. El estatuto no contiene para demandas de ejecución por parte de los sindicatos y los demandantes no son participantes o beneficiarios de un sistema bajo ERISA”, lee el documento.
Swain, además, indicó que la Utier tampoco pudo probar que podría prevalecer en un reclamo de que el acuerdo de LUMA violenta las disposiciones de la Ley Promesa al haber autorizado el contrato del consorcio en lugar de destinarle fondos a la AEE o al Sistema de Retiro. La jueza Swain también planteó que el contrato de LUMA Energy promete mantener los beneficios adquiridos de los empleados bajo la Ley 120-2018.
