Tras una hora en la que las partes presentaron sus argumentos en torno al acuerdo con el consorcio energético LUMA Energy, la jueza Laura Taylor Swain aseguró hoy que emitirá una decisión “lo más rápido posible” en torno a una acción que pretende detener la entrada en vigor del contrato de dicha empresa.
De esta forma, la jueza —quien preside los procesos bajo Título III de la deuda del país en el Tribunal Federal— se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de la representación legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), quienes solicitaron un interdicto preliminar para detener el contrato de la empresa que se espera que tome control del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica a partir del 1 de junio. Asimismo, la jueza escuchó las objeciones de los abogados de la Junta de Control Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), quienes cuestionaron por separado los derechos o beneficios que deben ser protegidos, según la Utier.
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Por su parte, la jueza Swain dejó entrever que podría verse imposibilitada de emitir una decisión debido a la sección 305 de la Ley Promesa que dispone que el tribunal no puede intervenir con la “propiedad de un acreedor”.
El pasado 20 de abril, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, anunció que el colectivo sindical presentó una demanda en el Tribunal Federal para que declare nulo el contrato entre el gobierno y el consorcio energético LUMA Energy para que este último administre el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país. Según el líder sindical, el acuerdo es ilegal y leonino ya que no dispone beneficios a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sus empleados y el país. Indicó además que el contrato con LUMA Energy viola varias disposiciones de leyes locales y federales en torno a la uniformidad de un plan de retiro.
Durante su argumentación, la abogada de la Utier, Jessica Méndez Colberg, argumentó que el contrato con LUMA Energy no garantiza que se honrará los acuerdos alcanzados mediante los convenios colectivos, según lo dispone la Ley 120 de 2018. De acuerdo con Méndez, si bien el consorcio energético no ha certificado que reconocerá todos los beneficios de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pasen a LUMA, el acuerdo también les dejaría desprovistos de ser protegidos por la Utier. Indicó que, ante esto, la Utier perdería dos terceras partes de su matrícula ya que gran parte de estos empleados se irán a otras agencias gubernamentales o a la empresa energética.
“Una vez los empleados pasen a otras agencias, la Utier no podrá defenderlos”, dijo Méndez Colberg durante su alocución. “Por lo que la unión también experimentará pérdidas económicas y pérdida de matrícula”, añadió.
Por su parte, el abogado de Aafaf y del gobierno central, Peter Friedman, planteó que la Utier no pudo definir los derechos o beneficios que perderían en caso de que LUMA tomen control de la red eléctrica a partir del 1 de junio. Asimismo, señaló que, como un tercero, la Utier no tiene legitimidad para definir la política pública de una corporación pública solo porque no están de acuerdo con el contrato.
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En torno a la sección 305 de la Ley Promesa, Swain cuestionó a Méndez si cuenta con la autoridad para tomar una determinación pese a lo dispuesto por el Congreso en la Ley Promesa. “¿Debo ignorar lo que impuso el Congreso?”, preguntó Swain.
Méndez, sin embargo, argumentó que lo que solicitan es que se examine si el contrato cumple con las leyes del país. “Si el contrato es ilegal y nulo entonces no debe ser catalogado como propiedad”, indicó la abogada.
