El presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso, Raúl Grijalva y la congresista puertorriqueña, Nydia Velázquez sostuvieron su repudio al contrato que otorgó la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio LUMA Energy para el funcionamiento de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país.
Los dos miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos afirmaron que el plan de privatizar la AEE “representa una amenaza de empeorar la crisis” que viven los puertorriqueños tras el paso de los huracanes Irma y María, los terremotos en el área sur del país, la pandemia del COVID-19 y la quiebra del Gobierno.
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Grijalva y Velázquez advirtieron que el contrato con LUMA afectará al pueblo de Puerto Rico especialmente de cara a la temporada de huracanes, puesto que la Isla enfrentará ese periodo ciclónico con un sistema eléctrico deteriorado que se ve agudizado por la crisis laboral que ha causado el acuerdo.
Según Grijalva y Velázquez, el contrato con LUMA está desmantelando el personal capacitado para trabajar con el sistema eléctrico del país, lo que inevitablemente aumentará los costos relacionados para el pueblo de Puerto Rico. A menos de 30 días para que entre en vigor el contrato los empleados adiestrados y capacitados para realizar las labores esenciales están recibiendo cartas en las que se les notifica que fueron desplazados a otras agencias del gobierno para llevar a cabo tareas tales como guardias de seguridad, costura, enfermería, entre otras.
El desplazamiento de los empleados costará alrededor de $200 millones anuales al Gobierno de Puerto Rico en trabajados que no estaban presupuestados. Esto se suma al contrato con LUMA, que tan solo este año le costará al fisco $750 millones para financiar las cuentas de reserva que la AEE está obligada a mantener, según establece el contrato.
Grijalva y Velázquez sostienen que la crisis fiscal del país amerita que el gobierno “haga mejor uso de los recursos y ofrezca mejores servicios” a la población. Se refieren a iniciativas que permitan ahorrar dinero suficiente para el desarrollo y mejorar la productividad laboral. “Este mal diseñado contrato impide ambas cosas”, insistieron.
“Lamentablemente”, expresaron los congresistas, “el contrato con LUMA es otro síntoma de las fallas que ha presentado la reforma del sistema eléctrico del país en años recientes”. Estos citaron un informe del Institute for Emergency Economics and Financial Analysis que establece que la AEE y las agencias del gobierno de Puerto Rico han gastado sobre $440 millones en contratos para servicios de consultoría legal, financiera y técnica -de los cuales algunos reflejan que los consultores han cobrado más de $1,200 por hora- para reestructurar la deuda y privatizar el sistema eléctrico.
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Este malgasto en contratos de consultoría ha beneficiado casi únicamente a firmas estadounidenses, pues solo un 3% del total de los contratos otorgados por LUMA han sido otorgado a compañías puertorriqueñas. “Es inaceptable que la Junta de Supervisión Fiscal exija la reducción del presupuesto laboral mientras fracasa en tomar alguna acción contundente para frenar los exorbitantes honorarios de los consultores contratados”, sostuvieron los congresistas en declaraciones escritas.
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“Preferimos ver a las mujeres y hombres que realizan trabajos técnicos y de mantenimiento recibir buenos salarios mientras le sirven al pueblo, que ver pagos inflados y en exceso por servicios profesionales que producen tan poco”, expresaron.
Como muestras de los resultados tan pobres que han ofrecido ese tipo de consultores profesionales, Grijalva y Velázquez recordaron los dos acuerdos de reestructuración de deuda que fracasaron anteriormente y la continua serie de escándalos de contrataciones -incluyendo la de LUMA- que vive actualmente el país. Esto no satisface la misión de la JSF de restaurar la confianza del mercado capital en Puerto Rico, dijeron los congresistas.
Por ello, los congresistas insistieron en que el contrato con LUMA “no traerá ahorros al pueblo de Puerto Rico. Y muchas de las situaciones que ha traído a la atención la legislatura del país durante la investigación del acuerdo -el defectuoso proceso de adjudicación, el irresponsable y descuidado criterio al momento de presupuestar y ahorrar, y las pobremente documentadas transferencias de dinero entre el gobierno y las agencias- parecen ser más de los mismos problemas que llevaron al gobierno de Puerto Rico a la quiebra”.
“Los puertorriqueños merecen algo mejor. La fuerza laboral capacitada de la AEE merece algo mejor. Por ello, hacemos un llamado al gobierno de Puerto Rico a que retrase la puesta en vigor del contrato con LUMA hasta que se logre un resultado que haga justicia a los empleados del sistema eléctrico del país. Hacemos un llamado también a la Junta de Supervisión Fiscal para que utilice su poder de supervisión para ayudar a que Puerto Rico tenga finalmente un sistema eléctrico confiable, accesible y basado en energía renovable”, concluyeron.
