Hasta 76 agencias y corporaciones públicas así como 51 municipios quedarían excluidos de la Ley 80, conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.
Así trascendió el viernes durante una vista pública en la que la Comisión de Gobierno del Senado retomó la evaluación de la Resolución del Senado 32 que busca conocer cuáles serán las alternativas y los planes proyectados por el gobierno para cumplir con la Ley 80.
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A la vista comparecieron la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).
Durante la audiencia pública las tres agencias citadas coincidieron en que sin el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no pueden implementar Ley del Programa de Retiro Incentivado.
El director ejecutivo de AAFAF, Omar J. Marrero Díaz, informó que la ASR luego de culminar el proceso de evaluación, le presentó a la AAFAF, que se proyecta que unos 10,553 servidores públicos están interesados en participar de la Ley 80. De esos servidores públicos, 6,564 empleados están categorizados como esenciales y 3,989 identificados como no esenciales.
Marrero Díaz también indicó que 6,598 empleados de 87 agencias y corporaciones públicas mostraron interés en acogerse a la Ley 80. “Luego del análisis pertinente consideramos que se identificaron ahorros de $22.3 millones de dólares si se acogen los empleados de 11 agencias y corporaciones públicas. Es decir, para que el Programa genere ahorros netos habría que excluir a empleados de 76 agencias y corporaciones”.
“Luego del análisis pertinente consideramos que se identificaron ahorros de $22.3 millones de dólares si se acogen los empleados de 11 agencias y corporaciones públicas. Es decir, para que el Programa genere ahorros netos habría que excluir a empleados de 76 agencias y corporaciones”.
También salió a relucir, según la información provista por la AAFAF, que 51 municipios serían excluidos de la Ley 80. “3,955 servidores públicos municipales correspondiente a 67 municipios mostraron interés en participar. Luego del análisis identificamos que el ahorro es de $2.7 millones de dólares si se acogen empleados de 16 municipios. Es decir, para que el Programa genere ahorros netos habría que excluir a empleados de 51 municipios”, leyó el Director Ejecutivo de AAFAF.
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Asimismo, Marrero Díaz aseguró que la información discutida ya fue compartida con la JSF el 6 de abril de 2021, sin embargo, “no hemos recibido respuesta por parte de la JSF. Debido a las disposiciones estatutarias de PROMESA y los precedentes judiciales del Tribunal de Titulo III, el Gobierno de Puerto Rico no puede implementar el Programa establecido en la Ley 80 sin el aval de la JSF”.
Al conocer el dato de la exclusión de los 51 municipios y las 76 agencias de la Ley 80, el senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno, solicitó a Marrero información precisa de cuáles son esos municipios y agencias, y el por qué se tomó esa determinación, “cuando la solicitud fue para todo el organigrama que son 118 agencias”.
Por su parte, el administrador de ASR, Luis M Collazo Rodríguez destacó desde que se aprobó la Ley 80 las tres agencias (ASR, OGP y AAFAF) han estado en conversaciones constantes y han producido toda la información solicitada por la JSF, atendiendo las preocupaciones de la JSF sobre los ahorros proyectados, mediante la implementación del Programa y la compatibilidad del Programa con el Pan Fiscal del Gobierno.
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Mientras tanto, el director de la OGP Juan Carlos Blanco Urrutia indicó que “la OGP y la ASR han emitido varias cartas circulares conjuntas dirigidas a atender el proceso de elección y recopilación de información del Programa de Retiro Incentivado. En cumplimiento con las cartas circulares emitidas, los procesos por parte de la Junta de Retiro y de la OGP fueron completados”. Blanco Urrutia aseguró que ya se encuentran en el trámite de presentarle a la JSF los hallazgos recopilados para que “estos [la JSF] evalúen si la implementación de la mencionada Ley es consistente con el Plan Fiscal Certificado”.
La Comisión de Gobierno estableció que a raíz de lo presentado hoy por las agencias estará llevando a cabo otra vista pública en la que estará citando a la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes.
