El representante popular Luis Raúl Torres presentó hoy los hallazgos de una investigación cameral en torno al contrato de LUMA Energy y señaló que el acuerdo es un “asalto” al país.
“Esto no es una Alianza Público Privada, es un asalto, es un hurto, es un robo. Es un regalo que hizo el gobernador Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez y de esos funcionarios que firmaron este contrato porque le están pasando todos los dineros de la Autoridad de Energía Eléctrica [AEE] y le han dado un contrato que le va a pagar $105 millones anualmente y la realidad es que ellos no ponen ni un solo centavo de inversión”, dijo el representante, quien presidió la Comisión de Alianzas Público Privadas y energía que investigó el contrato del consorcio energético con la Autoridad de Alianzas Público Privadas para que la empresa administre el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país.
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Durante su alocución en el hemiciclo, Torres enumeró varios de los hallazgos que presentó en el informe final de la Comisión entre los que destacó la cláusula de fuerza mayor que, según el legislador, permite a la empresa abandonar la isla en caso de un evento catastrófico como un huracán si no logra restablecer el servicio en un periodo de 18 meses.
Incluso, Torres aseguró que la compañía Quanta —una de las empresas que, junto a ATCO, conforma el consorcio de LUMA— abandonó Perú luego de un evento catastrófico. Agregó que el contrato debe ser modificado e, incluso, mencionó que, antes de ser electo, el gobernador Pedro Pierluisi favoreció enmendar el contrato.
Torres, a su vez, criticó que el proceso de movilidad de los empleados de la AEE hacia otras agencias y señaló que se violentó la ley 120 de 2018 la cual dispone que, en un proceso de privatización, se deberá garantizar los derechos y beneficios de los empleados de la corporación pública.
Durante el debate, el Partido Nuevo Progresista (PNP) renunció a sus 45 minutos para presentar argumentos en torno al informe final y los hallazgos de la Comisión. El debate en el hemiciclo duró unas 2 horas.
Mientras que el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez indicó que el contrato con LUMA Energy debe ser cancelado.
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“No hay forma de defender este contrato por cada uno de los testimonios por cada uno de los hallazgos y fueron horas y horas del proceso de interrogar. Desde un proceso a espaldas del país bajo criterio de confidencialidad que se trata de criterios de bienes públicos y fondos públicos y nunca se le presentó al país ese contrato”, argumentó Márquez.
“Si se quiere hacer una contribución mínima es reevaluar el contrato, repensarlo, pero si se quiere hacer una verdadera contribución es llevar todos los procesos para cancelarlo”, agregó. Márquez también aseguró que las métricas que establece el contrato están diseñadas para beneficiar económicamente únicamente a LUMA Energy.
Los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales y José Bernardo Márquez también se opusieron al contrato de LUMA Energy y respaldaron los hallazgos de la comisión cameral. Nogales planteó que el contrato debe ser impugnado para que se declare nulo desde su inicio.
Por su parte, la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, mostró preocupación con la cláusula de fuerza mayor en el contrato ya que permitiría la salida de LUMA Energy tras un desastre natural y que no se conserven los derechos y beneficios para los trabajadores de la AEE.
