Ocho días después de que su cuerpo fuera encontrado en un campo de Cayey, y aunque su asesino confeso está tras las rejas, el caso de Andrea Cristina Ruiz Costas y los hechos que llevaron a su muerte continúan siendo cuestionados por varios sectores de la sociedad.
Es que semanas atrás, la mujer de 35 años había acudido a los tribunales para denunciar un incidente de violencia de género en contra de su expareja y victimario, Miguel Ángel Ocasio Santiago, una querella en la que la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez del Tribunal de Caguas no encontró causa para el arresto del hombre.
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Luego de la vista de causa para arresto del 26 de marzo, Ruiz Costas le expresó a una amiga, en un mensaje de voz, que la jueza había mantenido una actitud “hostil”, opinión de la que se hizo eco el policía Edgardo Zayas, quien acompañó a la víctima en la sala. Un mes después de que se desestimaran las denuncias, Ruiz Costas fue hallada parcialmente calcinada.
Acosta Ruiz tuvo que acudir al tribunal cuando el acusado alegadamente invadió su privacidad y tomó su teléfono para verificar sus mensajes, lo que provocaron amenazas de parte del individuo.
El pasado miércoles, la familia de Ruiz Costas pidió que las grabaciones de las vistas judiciales en las que se le negó protección, se hicieran públicas.
Esto luego de que se emitiera una orden de mordaza que según lee, tiene como objetivo prohibir la divulgación de las grabaciones bajo apercibimiento de desacato para seguir una política pública de evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar.
Gremios periodísticos acudieron al Tribunal Supremo para reclamar dichas grabaciones, sin embargo, ayer ese foro ordenó mantener confidenciales las grabaciones de los reclamos de auxilio de Andrea.
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Esto a pesar de que la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, había ordenado una investigación en torno a los procesos judiciales del caso.
Fuentes de Metro que escucharon las grabaciones apuntan a que coinciden con la apreciación de la víctima en los mensajes de voz que envió a una amistad y que esta semana fueron revelados.
La persona que habló con este diario describió la exposición de Andrea en corte durante su primera comparecencia (el 25 de marzo) como articulada y creíble. La jueza Sonya Nieves que vio ese procedimiento que era el de la orden de protección declaró no ha lugar y citó para el 31 de marzo para que estuvieran las dos partes e instó a Andrea a presentar prueba en esa vista para finales de marzo. El 26 de marzo, en otra vista que es un proceso de regla 6 por Ley 54 ante la jueza Ingrid Alvarado —cuando ya se encontraba allí el agresor y un mes más tarde asesino confeso— el policía Zayas explica a la jueza que están presentando las alegaciones de Andrea contra Ocasio Santiago y acto seguido Andrea vuelve a hacer su exposición de argumentos.
En esa ocasión, ella habló todo muy seguido, como de golpe, según la fuente. Indica que Ocaso Santiago no rebatió, argumentó o dijo nada. Y que la jueza se limitó a decirle “pues mire doña Andrea, se declara no causa”. La fuente confirma que hubo cuestionamientos de la jueza sobre la hora en que se estaba presentando el caso.
“Este era un caso claro, ellos tuvieron una relación de 8 meses, no habían hijos, bienes gananciales, el relato de ella es creíble…. ¿cómo no se expidió una orden de protección?”, cuestionó la fuente de este diario.
Al mismo tiempo, sobre la controversia por la divulgación de las grabaciones de las vistas, la persona aseguró que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, llamó a varias personas influyentes en la opinión pública para pedirles que hicieran planteamientos en contra de la publicación de las vistas. “Es una hipocresía porque en el Tribunal cuando vio que ya su voto no era decisivo, votó a favor para quedar bien en su campaña por ser nombrada a Boston”, sostuvo la persona que habló con este diario bajo condición de fuente.
Por otra parte, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, también se opuso ayer a la divulgación de las grabaciones y sentenció que la publicación desalentaría a las víctimas de optar por la vía legal para obtener protección contra agresores.
Mientras tanto, y en medio de los reclamos para la publicación de las grabaciones, trascendió que una de la jueza Alvarado Rodríguez, recibió amenazas a través de redes sociales por no otorgar la protección solicitada por la víctima. La Policía de Puerto Rico ya atiende la querella.
Tras aceptar haberla asesinado, se radicaron cargos en contra de Ocasio Santiago y se impuso una fianza de $1.1 millones, la cual no pudo prestar y tuvo que ser ingresado a la cárcel regional de Bayamón.
El acusado también había tenido incidentes de violencia de género en el pasado en casos separados.
Aiola Virella colaboró en esta historia.
