De los 14 meses desde el comienzo de la emergencia por COVID-19 en Puerto Rico, en 13 de ellos los niños y niñas del país han estado impedidos de asistir a sus planteles escolares como medida para prevenir contagios, obligando a sus encargados, principalmente mujeres, a realizar toda clase de malabares para seguir adelante con las responsabilidades que ya, de ordinario, asumían.
Hasta el momento, sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha aprobado medidas que garanticen el derecho de a disfrutar de una mayor flexibilidad laboral, mediante acomodos razonables o licencias, sin poner en riesgo la seguridad de su empleo.
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En el Senado, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, presentó un proyecto de ley que busca cuantificar el tiempo de trabajo no remunerado, en referencia a las responsabilidades domésticas que, generalmente, asumen las mujeres.
“Es la economía del cuidado, aquella que cae sobre las personas, que se tiene que hacer, pero no se le da la equivalencia en dinero que conlleva eso. Es trabajo no remunerado y estamos trabajando sobre esa área ya”, subrayó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales en el Senado.
En la comisión que preside, la discusión sobre esa medida coincidirá en las próximas semanas con el análisis de las enmiendas a la reforma laboral, que incluirá el proyecto recién aprobado en la Cámara de Representantes, así como otras dos piezas del Senado –PS 91 y PS 123– que buscan revertir, en mayor o menor grado, las disposiciones de la ley laboral que se aprobó en el pasado cuatrienio.
Como parte de esa discusión, Rivera Lassén considera que es posible que se presenten alternativas en beneficio de padres y madres que forman parte del mercado de trabajo, particularmente en lo relacionado a periodos de emergencia.
La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara baja, Jocelyne Rodríguez Negrón, presentó a inicios de febrero, junto al representante Ángel Matos, una resolución que ordena “realizar una investigación abarcadora sobre la situación socioeconómica que experimentan las madres solteras jefas de familia residentes en Puerto Rico, a los fines de identificar nuevos cursos de acción gubernamental” dirigida a esta población, pero al momento la medida no ha aparecido en calendario de votación.
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En la Comisión de Asuntos de la Mujer “estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de recomendación y a radicar cualquier tipo de legislación a favor de nuestras madres”, sostuvo la representante del Partido Popular Democrático.
Sin información sobre acomodos razonables
Al momento, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) no maneja el dato sobre cuántos empleados del sector privado se han visto en la obligación de solicitar a sus patronos algún tipo de acomodo razonable para poder sobrellevar la responsabilidad de cuidar a niños que, por razón de la pandemia, están privados de recibir educación presencial.
Un oficial de prensa de la agencia señaló que el DTRH tiene la intención de recopilar esa información, pero debe encontrar la forma de organizarlos en sus bases de datos.
En el propio DTRH, unos 91 empleados han recibido autorización para trabajar de manera remota por razones de estudio o cuido de menores de edad desde que, a inicios de marzo, La Fortaleza instó a los trabajadores públicos a retomar sus labores presenciales. Ese mes, El DTRH informó que su plantilla ascendía a 1,209 empleados, por lo que un 7.5% se encontraría trabajando bajo un acomodo razonable por ese motivo.
Recursos: ayuda para cuido de hijos de primeros respondedores
- ACUDEN: Tiene $145 millones de Ley CARES para asistencia de cuido infantil a personal de primera respuesta y trabajadores esenciales.
- 34: Categorías de trabajadores que cualifican para la ayuda por 4 meses,
- Asistencia: Entre $222 y $425
- Menores que requieren cuido: 0 a 18 años.
