Los fondos federales asignados al Departamento de Educación (DE) en los pasados cuatro años tras las emergencias por los huracanes Irma y María, los terremotos y el COVID-19 prácticamente duplican el presupuesto asignado a la agencia para el año fiscal 2021 que provino del Fondo General. Pero, de los $6,637,520,924 asignados por todas las emergencias, sólo se ha usado un 9% o $595,840,861. Los cambios de mando en la cúpula de la agencia, la burocracia, el historial de corrupción y el gobierno obstruccionista del expresidente Donald Trump se han conjugado para este atraso, mientras la mayoría de los pocos contratos firmados hasta la fecha con estos fondos son con donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).
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A dos años del huracán María, los materiales y textos nuevos adquiridos con fondos del Programa de Ayuda Inmediata para Reiniciar Operaciones Escolares (Restart en inglés) llegaron a la Escuela Agripina Seda, donde en enero de 2020 quedaron atrapados entre escombros “sin salir de las cajas” tras el colapso del plantel ubicado en Guánica a raíz de los terremotos, confirmó la maestra de ciencias, Zenaida Feliciano, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Esta es sólo una muestra de la lentitud con la que se desembolsan e invierten fondos federales asignados para atender emergencias, y de la ineficiencia del DE en sus procesos de adquisición y manejo de fondos, algo que han señalado la Oficina del Inspector General y el Departamento de Educación federal, a tal punto que se exigió un síndico que la agencia de Puerto Rico demoró dos años en contratar.
Tras conseguir en enero de 2020 una extensión para el uso de los fondos Restart, el DE todavía cuenta con el 9% o $54,824,167 por utilizar que vencen en agosto de 2021. Con esta partida de $589,170,000 se pagaron $1,730,000 de la contratación de la firma Álvarez & Marsal como síndico. También contrató a enfermeros y psicólogos; expandió la conexión inalámbrica a internet en las escuelas, se adquirieron cisternas, generadores eléctricos y computadoras para maestros y estudiantes, entre otros. El detalle del uso de estos fondos se conoce como resultado de una demanda de acceso a la información del CPI. El DE no publica datos sobre el uso de los fondos asignados por las distintas emergencias ocurridas desde el 2017, y en qué se invierte lo poco que se ha desembolsado tampoco está disponible en el portal de transparencia de la Oficina de Reconstrucción y Recuperación (COR3).
El Departamento tiene $2,391,600,650 obligados en fondos de asistencia pública por las emergencias de los huracanes y terremotos, de los que apenas se ha desembolsado el 1.6% o $38,342,935, según se desprende del portal del COR3, que sólo clasifica las asignaciones por las categorías de asistencia pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés). Del total obligado, $2,330,315,848 provienen de la estrategia de obligación acelerada (FAAST en inglés) de FEMA, que busca que se consoliden en una sola hoja de trabajo (project worksheet – PW) todas las obras permanentes que propone el DE, que se convertiría en el plan maestro de recuperación por todos los daños de 1,109 escuelas. De otro modo, el DE se vería en la obligación de someter un PW por escuela y FEMA evaluar caso a caso. El desarrollo de este plan recae en una Oficina de Gestión de Proyectos (Program Management Office o PMO), que debe incluir los servicios de un planificador. Aunque la asignación de los fondos mediante FAAST se anunció en septiembre de 2020, el DE demoró cuatro meses en publicar la solicitud de propuestas para contratar dichos servicios.
Contratistas de la recuperación
Con los fondos de la categoría de medidas de protección (B) que se han desembolsado por el huracán María, se han contratado servicios para la mitigación de hongos y sellado de techos en las escuelas públicas, según reflejan los informes de subasta de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Hasta el 30 de abril, AFI otorgó 29 contratos entre ocho contratistas para estos trabajos, dominando la cantidad de contrataciones las empresas E. Inglés Builders & Contractors y Total Quality Maintenance.
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Entre el 2019 y el 2020, AFI otorgó 65 contratos entre una docena de empresas, siendo las más favorecidas O&M Consulting Engineering – encargada de la gerencia de los proyectos de sellados –, CGC Caribbean General Contractors y Class Contractors. Entre los fundadores de O&M se encuentra José Luyando, donante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y del senador Thomas Rivera Schatz. Bienvenido Cabral Veras, quien preside CGC, es donante de los mismos políticos que Luyando, y los contratos obtenidos con AFI superan los $7 millones. En el caso de Class Contractors, presidida por Edgardo Class Rosario, los contratos obtenidos de 2019 a 2020 fueron por $907,442.
De los contratos adjudicados con fondos Restart, dos subastas llegaron hasta los tribunales luego de ser impugnadas por licitadores que cuestionaron la evaluación del comité de propuestas en el DE.
La primera fue para adquirir computadoras y tabletas para estudiantes y maestros, otorgada a Evertec y Computerlink con la oposición de la empresa WF Computer Services, que argumentó que la propuesta favorecida era $17 millones más cara que la suya. La segunda, para instalar 70 mil puntos de acceso a internet y expandir la cobertura inalámbrica en las escuelas, fue adjudicada a IBM e impugnada por la empresa de telecomunicaciones Claro, que también alegó que su propuesta era más económica y que la agencia debía primero proveer el cableado para las instalaciones. Ambos casos llegaron hasta el Tribunal Apelativo pero las impugnaciones no prosperaron.
Entre los primeros contratos otorgados con estos fondos está el del sistema de vigilancia electrónica que se adjudicó a Génesis Security a razón de $24,105,856 por cinco años. Para gerenciar el proyecto de instalación de campanas y rociadores contra incendios en los comedores, la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) del DE firmó un contrato por $1,297,695 con Spec Group PSC.
La OMEP también otorgó cinco contratos a la empresa Curbelo & Rullán, presidida por Miguel Rullán Bidot y Juan Curbelo Santiago, por un total de $2,426,550 para coordinar y supervisar la instalación de cisternas, generadores eléctricos, mallas para el control de aves e inspeccionar la electricidad de 46 colegios privados con fondos Restart. Rullán Bidot es donante de políticos del PNP.
El DE brindó al CPI el balance de fondos Restart que refleja que quedan iniciativas sin completar tales como la adquisición de libros, materiales para alumnos de Educación Especial, equipo de oficinas, mejoramiento del sistema de inventario de la Autoridad Escolar de Alimentos, revisión de currículos y digitalización de documentos, entre otros.
El nuevo director de la Oficina de Asuntos Federales del DE, Miguel A. Negrón Rivera, aclaró al CPI que el presupuesto de aquellas iniciativas que no se implementan se reasigna a otros renglones, como podría ser la bonificación de maestros.
A cuentagotas los fondos Cares
Entre los fondos aprobados bajo la administración del expresidente Donald J. Trump y su sucesor, Joseph Biden, el DE tiene $3,656,750,274 asignados para responder a la emergencia educativa por el coronavirus, según se desprende del portal del Comité de Fiscalización de la Respuesta a la Pandemia (PRAC en inglés) del Concilio Federal de Inspectores Generales. De todo ese dinero, el DE ha gastado el 6.6% o $23,152,094 provenientes de la primera partida obligada a las escuelas elementales y secundarias tanto públicas como privadas (ESSER I).
La Administración Trump restringió durante casi un año el acceso de los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Cares Act) a $7.3 millones para presionar por la contratación del síndico hasta que en marzo el entrante secretario federal, Miguel Cardona, anunció el acceso inmediato del DE a $912 millones. Sin embargo, para usarlos, el DE debe entregar a principios de junio un plan sobre cómo se usó el poco dinero al que tuvo acceso y en qué invertirá las asignaciones anunciadas por la presente administración federal.
Los colegios privados han recibido $132,852 bajo la partida para escuelas elementales y secundarias de la cual restan $61,486,235 por distribuir, luego de que el 19 de febrero la Asociación de Educación Privada divulgara una carta donde señaló preocupación por no haber recibido dinero del Cares Act. El director de la Oficina de Asuntos Federales, Miguel A. Negrón Rivera, aclaró que “a las escuelas privadas no se les transfiere dinero; se les ofrece el servicio según el plan de trabajo sometido por el colegio. En algunas instancias se le reembolsa por gastos incurridos, pero la mayor parte es que ellos nos notifican sus necesidades y nosotros hacemos el desembolso del servicio. No se pasa dinero para que gasten”. La presidenta de la Asociación, Wanda Ayala, aseguró al CPI que Negrón se comprometió a acelerar las órdenes de bienes y servicios solicitados por las escuelas privadas luego de la firma del contrato con Álvarez & Marsal.
De los fondos disponibles para educación superior, prácticamente se distribuyó todo el dinero correspondiente a la asistencia directa a estudiantes, pero a las instituciones sólo se había distribuido un 29% del dinero al 14 de marzo. No obstante, a los institutos tecnológicos del DE en Ponce, Manatí y San Juan se le distribuyeron casi todas las asignaciones.
Otra partida que se usó casi completa para la impresión de material educativo de maestros y estudiantes fue la subvención para servicios bibliotecarios y tecnológicos.
Poco adelanto en el sur tras declaración de emergencia
A tres meses de la declaración del gobernador Pedro Pierluisi de un estado de emergencia de las escuelas públicas del país, se anticipa que en agosto algunos estudiantes de la zona sur regresarán a clases en escuelas cerradas durante la secretaría de la hoy acusada federal, Julia B. Keleher, que rehabilitarán los municipios de Yauco, Peñuelas, Guánica y Guayanilla. Otros alumnos alternarán horarios (interlocking) en los planteles que quedaron hábiles. Según se desprende de un plan presentado por el Gobernador el pasado 26 de abril, se estima que los parques de estructuras modulares que servirán como planteles temporeros inauguren en octubre. El CPI solicitó al DE el detalle del origen de fondos de las obras desglosadas en el plan y detalle de dónde serán los trabajos de OMEP y AFI, pero al cierre de este reportaje la agencia no lo había enviado.
Para el diseño del sistema modular de escuelas temporeras en el sur la AFI contrató a Ingenium Professional Services PSC, presidida por William Meléndez Rivas, por $64,444. La empresa participó de las inspecciones a las escuelas justo después de los temblores y desde 2018 ha obtenido más de 200 contratos con la OMEP, AFI, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), y siete municipios, por un total de $8,046,680. Meléndez Rivas ha donado $29,606 tanto al PNP, al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, al actual Gobernador, representantes azules y al exalcalde penepé de Guánica, Santos Seda.
Mientras, la OMEP firmó contratos con los cuatro municipios de la denominada ‘zona cero’ por un total de $1,751,957 para rehabilitar las escuelas Patria Pérez y Rafael Martínez Nadal de Yauco; Francisco Rodríguez Lopez y Padre Nazario de Guayanilla; Franklin Delano Roosevelt y Ceferino Colón Lucca de Guánica, y Adolfo Grana de Peñuelas.
Asimismo, AFI contrató a tres compañías de ingeniería para evaluar la sismo-resistencia de casi todas las escuelas por un total de $848,348. Falta adjudicar la contratación de la compañía que revisará los planteles de la región educativa de Mayagüez. En mayo, las empresas contratadas deben entregar sus informes de evaluación tanto a AFI como al Departamento de Educación, agencia que de manera preliminar dijo que 667 de 858 escuelas sufren del defecto de la columna corta.
La orden ejecutiva que declaró la emergencia de las escuelas generó $4,572,176 en compras de emergencia por parte del DE para adquirir rótulos, cámaras de video, purificadores de aire, y mascarillas para menores y adultos.
Según el registro de compras de la Administración de Servicios Generales (ASG), la empresa de publicidad Intacto LLC proveyó 179,200 rótulos por $436,286.48. La compañía, que acumula contratos con el Gobierno desde al menos el 2015 por casi cuatro millones de dólares, es presidida por Alexis Negrón Judice, hermano del ex asesor de asuntos municipales en La Fortaleza bajo las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced, Omar Negrón Judice. El presidente de Intacto ha donado $11,750 en los pasados cinco años al exgobernador así como a legisladores y alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Por su parte, Camera Mundi LLC fue contratada por $631,540 para adquirir 3,500 cámaras de vídeo pero el acuerdo fue cancelado para actualizar las especificaciones del equipo que necesita la agencia, confirmó al CPI la exdirectora de Comunicaciones de Educación, Cindy Villaraga.
Las cámaras se instalarán en los salones para que los maestros puedan impartir las clases de forma simultánea a los estudiantes que están presencial y los que permanezcan a distancia. “Aún estamos bajo la emergencia del COVID-19 y esta iniciativa está enmarcada en la urgencia de que se pueda dar clases aún en momentos en que la pandemia no ha finalizado y en preparación de que surjan aumentos [de casos positivos]”, detalló Villaraga en un correo electrónico.
Otra compra por $3,363,350 para purificadores de aire fue adjudicada a la compañía Arimar Inc. La empresa tiene 55 contratos con distintos municipios e instrumentalidades desde 2011 ascendentes a $3,358,598.
Las mascarillas compradas por el DE a las empresas Office Gallery y Synerfuel & Alliance Development costaron $141,000. La primera suple materiales educativos y de oficina al Departamento desde el 2009 por un total de $2,937,488. La segunda suple por primera vez materiales a Educación, aún cuando el registro de corporaciones indica que se dedica a la venta de combustibles, reparación de flotas vehiculares y construcción. Su presidente, Héctor M. Vega Jiménez, es donante de la exalcaldesa PNP de Aguadilla, Yanitsia Irizarry.
