Periodistas van al Supremo para reclamar grabaciones vistas del caso Andrea Ruiz Costas

El Overseas Press Club radicó hoy un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se divulgue a la prensa general activa las grabaciones de las vistas celebradas en el caso mediante el cual Andrea Ruiz Costas —asesinada el pasado 29 de abril— buscó infructuosamente protección del Estado bajo la Ley de Violencia Doméstica.

De acuerdo con un comunicado de prensa, al recurso del gremio de periodistas en Puerto Rico se unió el canal Telemundo. En el recurso legal, se reclama que el derecho a libertad constitucional de expresión y prensa va sobre el argumento de confidencialidad que levantó la propia Rama Judicial mediante una Orden Protectora del pasado 3 de mayo emitida por el juez administrador de la Región Judicial de Caguas, Ricardo G. Marrero Guerrero, para prohibir la divulgación de las grabaciones de los procesos judiciales contra Miguel Ocasio Santiago por Ley de Violencia Doméstica. Ocasio Santiago confesó la semana pasada el asesinato de Ruiz Costas, quien buscaba un mes antes protección en el Tribunal de Caguas bajo la Ley de Violencia Doméstica.

“El caso de marras ha sido de alta exposición pública, tanta que muy poco puede restar sobre confidencialidad. Hasta el perpetrador del delito confesó. La misma víctima realizó grabaciones de su impresión sobre lo ocurrido ante la Rama Judicial, las cuales ya han sido diseminadas al público. Existe una infinidad de especulaciones de lo ocurrido, pero la mejor prueba para determinar lo que realmente ocurrió está en poder de la propia Rama Judicial. Mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el Pueblo en tan importante institución, e impide que las alegaciones hechas por la propia víctima puedan ser corroboradas o rebatidas”, lee el recurso del Overseas Press Club.

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Según la orden protectora del juez Marrero Guerrero, el fundamento para prohibir la divulgación de las grabaciones bajo apercibimiento de desacato es seguir una política pública para evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar. El Departamento de Justicia no pidió la mordaza en este caso, al solicitar los expedientes y grabaciones del proceso.

“La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54- 1989, según enmendada, no provee para la confidencialidad de los procedimientos. De hecho, la única provisión que toma sobre confidencialidad está dirigida hacia las comunicaciones entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y sus clientes. En nada altera la naturaleza pública de los procedimientos ante la Rama Judicial. Tampoco consideramos que la ‘naturaleza de las alegaciones vertidas para el récord por la perjudicada-víctima, y afín con la política pública que procura evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar’ pueda constituir un interés gubernamental apremiante. Y aún si lo fuere, no podría conllevar un rango constitucional superior al derecho fundamental de libertad de expresión y al derecho de acceso a la información pública”, lee el recurso legal de los periodistas.

Se detallan los requisitos que deben cumplirse para que el Estado establezca confidencialidad de documentos o procesos, y se apunta que ninguno se cumple en este caso.

“Lejos de revictimizar a la perjudicada-víctima, la referida divulgación permitirá al Pueblo tener acceso directo a la información vertida ante sistema judicial para que, en lugar de especulaciones, de primera mano aprecie los argumentos y méritos del caso que tuvo ante su consideración; y proveerá información vital a futuras víctimas de cómo mejor navegar el ámbito legal”, argumenta el recurso del OPC.

Tras la revelación de que Ruiz Costas había acudido infructuosamente al Tribunal de Caguas un mes antes de su asesinato, la jueza presidenta del Tribunal Supremo reasignó todos los casos de violencia doméstica en el Tribunal de Caguas, mientras se revisa el trámite que se siguió en este que ha dado paso a expresiones del gobernador, Pedro Pierluisi, en el sentido de que “el sistema le falló a Andrea”. Grabaciones de voz de la víctima muestran su frustración con el proceso en los tribunales y hasta describe un trato hostil de una de las juezas que atendió su caso.

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