La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes continuó este martes el proceso de vistas públicas sobre el proyecto de ley que derogaría la Ley del Departamento de Seguridad Pública con el fin de devolver la autonomía a los restantes seis negociados bajo la agencia sombrilla.
En el segundo día de vistas, las organizaciones de trabajadores de los distintos componentes de seguridad endosaron la medida por entender que la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo la Ley 20-2017, provocó un nivel más alto de burocracia y una pérdida en los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los negociados.
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El Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) favoreció el Proyecto de la Cámara 295 al asegurar que permitirá que los negociados recobren los recursos, brindará a los empleados mejores condiciones laborales y recuperarán sus poderes de origen establecidos en sus respectivas leyes orgánicas.
La Ley 20 fue aprobada con el propósito de reducir los gastos administrativos y lograr una respuesta operacional ágil al unir bajo una sola agencia la Policía de Puerto Rico; el Cuerpo de Bomberos; el Cuerpo de Emergencias Médicas; la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Sistema de Emergencias 9-1-1; el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones Especiales.
Sin embargo, el pasado año la Legislatura aprobó la Ley 135-2020, la cual separó al Negociado de Ciencias Forenses del componente del DSP y restituyó su autonomía como instituto.
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“El logro proyectado (del DSP) no ocurrió, resultando en un descalabro administrativo y fiscal, y afectó el servicio de seguridad a la ciudadanía”, afirmó el FUPO en una ponencia firmada por el presidente Diego Figueroa Torres. Entre sus reclamos principales, destacó que al comisionado de la Policía se le restó la autoridad del puesto ante el secretario del DSP.
La unión de policías también declaró que ha surgido una merma sustancial en las investigaciones y esclarecimientos de casos como resultado de la Ley 20. Según estadísticas sobre el desempeño de la Uniformada bajo la sombrilla del DSP, el esclarecimiento de casos disminuyó de un 57% en el 2016 a un 21% en el 2020.
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A las expresiones de los policías se unió el Sindicato de Bomberos, quienes también consideran que la eliminación del DSP y el restablecimiento de la Ley del Cuerpo de Bomberos representa un mejor servicio público para los ciudadanos.
“No hay nadie en el país que diga que el Departamento de Seguridad Pública vino a traer beneficios a nuestro pueblo. Todo lo contrario, su ineficiencia ha sido palpable en las crisis que ha tenido que enfrentar el pueblo, como ha sido el huracán María, los terremotos, la pandemia de COVID-19, entre otras”, aseveró el presidente José Tirado, quien presentó un listado con 900 firmas de bomberos en respaldo a la pieza legislativa.
