La denuncia criminal presentada contra el púgil boricua Félix Verdejo ha levantado nuevamente el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico. Si bien los delitos que se le imputan al boxeador son elegibles para una pena de muerte, la Fiscalía federal debe iniciar un proceso de certificación en el Departamento de Justicia federal para que el caso sea catalogado como uno de pena de muerte.
Verdejo, quien permanece detenido por delitos relacionados al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, se le acusa de haber cometido los delitos de secuestro que resultó en la muerte, carjacking que resultó en la muerte y el asesinato de una criatura no nacida. Los primeros dos, según la magistrada Camille Vélez Rivé, son elegibles para una pena capital o una sentencia de muerte, de ser encontrado culpable. Sin embargo, previo a esto, el Departamento de Justicia federal es quien en última instancia decidirá si buscará la pena de muerte contra el boxeador.
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Ayer, tras la presentación de una denuncia criminal, la Fiscalía federal notificó al tribunal federal que el caso contra Verdejo es elegible para tratarse como un caso de pena de muerte.
“Es un procedimiento que aplica de igual forma a nivel nacional. O sea, donde todas las fiscalías federales, cuando les llega un caso que cualifica para pena de muerte, están requeridas a notificar al Departamento de Justicia, que cualifica para eso y el Departamento de Justicia entonces inicia un proceso de certificación”, dijo el exfiscal federal, Osvaldo Carlo en entrevista con Metro.
De acuerdo con el Manuel del Departamento de Justicia, en su Título 9, indica que la decisión para perseguir la pena de muerte recaerá sobre el titular del Departamento de Justicia federal. Antes de tomar una decisión final sobre dicho caso, el titular del Departamento de Justicia deberá consultar con la Sección de Casos Capitales de dicha agencia.
El procedimiento, además, permite que los abogados del acusado presenten sus objeciones ante el Departamento de Justicia federal a que en el caso se contemple la pena de muerte.
“En ese proceso, se le permite la participación de la persona acusada. El acusado puede solicitar que el caso no sea certificado y expresar las razones para eso. Y es el Departamento de Justicia quien en última instancia toma esa decisión que no puede ser revisada por ningún tribunal”, dijo Carlo.
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Una vez se certifica como un caso de pena de muerte, Carlo explicó que las partes tendrán la oportunidad de interrogar a las personas que formarán parte del jurado. Indicó que, a diferencia de la esfera criminal local, los juicios criminales en la federal no permiten que la Fiscalía o abogados interroguen a las personas que podrían conformar dicho panel del jurado. “En casos de pena de muerte se permite ese interrogatorio directo a los miembros del Jurado por parte de lo acusados”, añadió.
A su vez, las reglas locales del Tribunal de Distrito federal, establecen que los acusados deben contar con la representación legal que elija para enfrentar los cargos criminales y un abogado adicional para encarar la posible sentencia de pena de muerte.
Hoy, durante la vista inicial contra Verdejo, el Tribunal Federal asignó a la abogada Laura Maldonado para que, como experta en casos de pena capital, acompañara al boxeador ante la magistrada Vélez Rivé. Sin embargo, la Oficina del Defensor Público federal deberá presentar una lista de abogados y abogadas expertas en pena capital para que asistan a la defensa de Verdejo, de ser certificado como un caso en que el Departamento de Justicia federal perseguirá la pena de muerte.
