Como parte de las notificaciones de violación que la Junta de Control Fiscal (JCF) emitió al gobierno de cara a la certificación del presupuesto para el año fiscal 2022, incluyó una autorización de apenas $200,000 para la implementación de medidas derivadas del estado de emergencia por violencia de género que le gobernador Pedro Pierluisi decretó en enero.
En contraste, el gobierno de Puerto Rico había recomendado una partida de $7 millones para esos fines, que incluyen el funcionamiento del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).
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En la carta que la directora de la JCF, Natalie Jaresko, envió al gobernador y el componente fiscal del ejecutivo, se indicó que el gobierno debía evaluar si se podrían utilizar fondos federales para financiar los objetivos del estado de emergencia.
En pasados días, el país se ha estremecido ante los asesinatos de Andrea Ruiz Cuevas y Keishla Rodríguez Ortiz, de 35 y 27 años respectivamente, en incidentes en los que aparentan estar involucrados sus parejas sentimentales.
