Hermético ejecutivo de Luma Energy sobre el reclutamiento de empleados

El presidente del consorcio, Wayne Stensby, no ha querido revelar cuántos de los 3,800 empleados que necesita se han contratado, a 30 días para que Luma tome control de la red

Por Manuel Guillama Capella

Pese a reconocer que Luma Energy aún se encuentra inmerso en el proceso de reclutamiento, y que esta fase se extenderá más allá del 1 de junio, el principal oficial ejecutivo del consorcio, Wayne Stensby, insistió que la empresa estará lista para asumir control de la red eléctrica para esa fecha, según lo dispone el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Stensby, sin embargo, no ofreció datos que permitieran evaluar cuán cerca se encuentra Luma de la meta de 3,800 empleados para el sistema de transmisión y distribución que el consorcio visualiza tener en nómina para sostener sus operaciones. El ejecutivo de la compañía, que tiene previsto administrar el sistema eléctrico del país por los próximos 15 años, se limitó a indicar que unos 20,000 puertorriqueños habían presentado solicitudes de empleo a Luma, sin detallar cuántas corresponden a las distintas áreas de servicio.

Luma, además de operar la red eléctrica, tomará control del área de servicio al cliente.

“Puedo asegurar que tendremos suficientes recursos”, manifestó Stensby una y otra vez durante la videoconferencia que sostuvo esta tarde con los medios.

El presidente de Luma Energy justificó que la empresa no vislumbre contar con la plantilla completa para el 1 de junio, al señalar que parte de sus funciones dependerá de que la AEE reciba sobre $10,000 millones en fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica.

“Hemos reclutado a muchos empleados y continuaremos haciendo muchas ofertas cada día”, generalizó Stensby, quien tampoco negó ni confirmó cifras que ha ofrecido públicamente la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (Utier), que apuntan a que Luma apenas ha contratado a cerca de una tercera parte de la empleomanía que estableció como meta para operar la transmisión y distribución de energía.

“Es claro que no entraré en el juego de números”, dijo, al atribuirle tanto a la Utier como a entidades como el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (Ieefa) desarrollar una campaña de “descrédito” contra Luma.

Stensby puntualizó que Ieefa, organización que ha advertido de los riesgos que representa el contrato de LUMA para el interés público, es una “consultora” de la Utier.

Más allá de la cantidad de empleados, Stensby igualmente aseguró que aquellos que ya están contratados se encuentran debidamente adiestrados para entrar en funciones, y que el entrenamiento para llevar a cabo su trabajo es un proceso continuo que se extenderá mientras formen parte de la empresa.

El enfoque de los adiestramientos a lo largo de las próximas semanas, dijo, serán los trabajadores de servicio al cliente, oficina que desde el 1 de junio se conocerá como el Centro de Servicio al Cliente.

Para esa fecha, de acuerdo con el ejecutivo, estarán disponibles el portal web y la aplicación móvil –bajo el nombre de MiLUMA– para que los clientes revisen sus estados y realicen transacciones electrónicamente.

Sin propuestas de enmiendas

Si bien la Asamblea Legislativa ha presionado, mediante la aprobación de una resolución conjunta, para que el gobernador Pedro Pierluisi posponga hasta enero la entrada de Luma, Stensby subrayó que ni La Fortaleza ni la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) han hecho acercamientos para enmendar el contrato entre las partes, que establece tarifas que pudieran superar los $1,900 millones a lo largo de su vigencia.

“Nuestra posición es que fue un proceso competitivo bien llevado. Fue extenso, de más de 18 meses. Fue un buen proceso”, recalcó Stensby sobre la forma en que la AAPP seleccionó y negocio el contrato con Luma Energy, un consorcio que conforman las empresas ATCO y Quanta Services.

Al preguntársele si una solicitud de enmienda representaría una violación del pacto, Stensby se limitó a decir que dependería de la cláusula que se pretendiera ajustar, pero que el contrato actual es válido y debe ejecutarse tal cual acordado.

De otro lado, tampoco fue preciso sobre si Luma estaría dispuesta a cortar el servicio energético a entidades públicas que incumplieran con el pago de las facturas. Temprano este año, trascendió que agencias y entidades gubernamentales adeudaban cerca de $245 millones a la AEE.

“El asunto del cobro y las deudas se gobierno por el Negociado de Energía. Siempre recuerdo que el Negociado de Energía establece las reglas bajo las cuales Luma opera. Necesitamos un proceso sistemático para cobrar el dinero”, dijo Stensby.

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