Dos jóvenes senegaleses se conocieron en un bote con destino a Europa en 2006, un año en el que se batió un récord de llegadas de inmigrantes africanos a las españolas Islas Canarias.
Uno de ellos murió de un ataque al corazón cuando huía de la policía española, mientras que el otro se presenta a unas elecciones el martes en las que aspira a un escaño en la Asamblea regional de Madrid.
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Serigne Mbaye no quiere sólo combatir lo que describe como “racismo estructural” contra los inmigrantes africanos, sino también desafiar una historia de falta de representación de la comunidad negra y otras personas de color en la política española.
“Ahí es donde empieza toda la discriminación”, dijo el candidato de 45 años, a The Associated Press.
El hombre al que conoció en el bote, Mame Mbaye -con el que no tenía parentesco- no consiguió un empleo legal y un permiso de residencia, y en 2018 murió de un ataque al corazón cuando huía de una operación policial contra vendedores ambulantes.
Después de eso, Serigne Mbaye, que en esa época representaba a un grupo de vendedores conocidos como “manteros”, en su mayoría africanos negros, se convirtió en una de las voces más destacadas contra la Ley española de extranjería. La norma, afirma, relega a los migrantes que llegan de forma ilegal a la economía sumergida. La ley también pena con condenas de prisión delitos menores, lo que les crea unos antecedentes penales que minan sus opciones de conseguir un permiso de residencia.
“Siempre me viene esta imagen de estar en la misma patera, por la noche”, comentó Serigne Mbaye, que ahora es ciudadano español. “Siempre se me queda esta imagen y la rabia que me da que yo todavía estoy vivo y ha muerto de esta manera y por estas circunstancias (…), que todo esto lo ha generado la Ley de Extranjería, que es lo que nos condena, es lo que nos castiga”.
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“Es como un círculo vicioso”, añadió. “Hay gente que lleva aquí más de 20 años sin poder regularizar todavía”.
Mbaye se presenta en la lista del partido antiausteridad Unidas Podemos, socio minoritario en el gobierno nacional liderado por socialistas.
Apenas unos pocos políticos negros han llegado a la primera línea de la política española. Rita Bosaho, nacida en Guinea Ecuatorial y que ahora es directora de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial en el Ministerio español de Igualdad, se convirtió en 2015 en la primera parlamentaria nacional negra en cuatro décadas de democracia española. Luc André Diouf, que emigró desde Senegal, también obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados en 2019.
A un nivel más regional, Mbaye quiere demostrar que “Madrid es diversa”.
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“Que de repente un negro se presenta en las listas ya está sorprendiendo a muchos. Está dando mucho que pensar”, señaló.
El cada vez más influyente partido español de ultraderecha Vox respondió a la candidatura de Mbaye con un mensaje en Instagram prometiendo deportarle, a pesar de que eso es imposible porque el candidato de ultraizquierda es ciudadano español. Con su mezcla de patriotismo y provocación populista, Vox se ha convertido en la tercera fuerza en el parlamento nacional y se alza como un socio decisivo en las elecciones regionales de Madrid del 4 de mayo.
“Si Vox dice que me deporta es porque soy un negro”, dijo Mbaye. “A este le deportamos porque es negro y ya está. No hay sitio para él aquí. Se acabó.”
“Son cosas así, discursos que usan para alimentar más el odio a la gente inmigrante y creen eso, que sacan votos”, añadió.
Vox también ha acaparado titulares debido a unos grandes carteles en el metro de la capital española con cifras erróneas que comparaban el gasto que suponen los niños inmigrantes no acompañados con la supuesta pensión de una jubilada. El partido culpa a esos menores -un total de 269 personas en una región con 6,7 millones de habitantes- de un aumento de la inseguridad.
Los jueces han determinado que los carteles están amparados por la libertad de expresión. Pero cuando los críticos de Vox les acusan de racismo, el partido dice que su cruzada sólo es contra la inmigración irregular y que un partido racista no tendría un candidato birracial en el parlamento regional de Cataluña, en el nordeste de España. Se trata de Rafael Garriga, un dentista con raíces en Bélgica y Guinea Ecuatorial.
“Ellos se visten de cierta respetabilidad para poder seguir con su discurso de extrema derecha, que es clarísimamente racista pero cuidándose de no cruzar ciertas líneas para que no sean delito”, señaló Antumi Toasijé, un historiador que lidera el Consejo Nacional español contra la Discriminación Racial o Étnica.
El auge de la extrema derecha y la polarización en medios sociales han normalizado el discurso de odio en España, añadió.
El movimiento Black Lives Matter lideró el año pasado algunas de las protestas más grandes contra el racismo jamás vistas en España. Pero aunque muchos condenaron las muertes de ciudadanos negros a manos de la policía en Estados Unidos, pocos reflexionaron sobre el racismo nacional o la historia española de colonialismo, esclavitud y, según Toasijé, “una larga, larga tradición de intento de limpieza étnica”.
En un país donde el censo no pide datos de raza o etnia, como en buena parte de Europa, un estudio reciente del gobierno estimaba que en España viven apenas 700.000 personas negras.
Las estimaciones de Toasijé son más altas, de al menos 1,3 millones de personas “visiblemente” negras del África subsahariana, latinoamericanos negros y personas nacidas en España con raíces africanas. Eso supondría el 2,7% de la población, lo que equivaldría a nueve diputados negros en el Congreso de los Diputados de 350 escaños. En este momento hay un parlamentario negro.
Aun así, las cuotas u otras medidas para combatir la desigualdad en función de la raza ni siquiera forman parte del debate, señaló Toasijé.
Esa falta de representación también afecta a los gitanos españoles, una comunidad de 700.000 personas que logró una victoria histórica en 2019 al conseguir cuatro escaños parlamentarios, cerca del 1,5% de la población que supone la comunidad romaní. Pero uno de ellos no logró revalidar su escaño cuando se repitieron las elecciones.
La situación no es mejor para los descendientes de marroquíes o latinoamericanos, que suponen algunos de los grupos más grandes de españoles no blancos, así como el más de 11% de residentes nacidos en el extranjero, que no pueden presentarse a las elecciones regionales ni nacionales.
Moha Gerehou, periodista y activista antirracismo español, dijo que el “racismo estructural” está integrado en la vida española.
“Tiene mucho que ver con una educación, poder llegar a una educación universitaria y de allí poder llegar a otros lugares que no sean empleos precarios en el trabajo, en el hogar o en el campo, donde ya sabemos las condiciones de explotación que hay”, explicó.
Salvo por deportistas y algunos artistas, la gente de color es prácticamente invisible en los ámbitos de influencia españoles, desde los círculos académicos a los corporativos, dijo Gerehou, que acaba de publicar un libro sobre crecer siendo negro en una capital española de provincias.
Él describe a un país de mayoría blanca que se considera no racista y hospitalario con los inmigrantes, pese a que numerosos estudios han registrado una discriminación rampante contra la gente de color, especialmente a la hora de conseguir empleo o vivienda.
“El debate todavía es una conversación con ideas que todavía están muy en la periferia”, dijo Gerehou. “Se necesita avanzar muchísimo más rápido”.
