Jueza determina causa para arresto contra exsecretaria interina de Justicia bajo Wanda Vázquez

La jueza Iraida Rodríguez le impuso una fianza de $15 mil a la exfuncionaria Wandymar Burgos.

Por Metro Puerto Rico

La jueza Iraida Rodríguez determinó hoy una causa para arresto contra la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos, quien detuvo la entrega de los referidos para investigar posible conducta ilegal de la entonces gobernadora Wanda Vázquez y otros funcionarios durante la entrega de suministros en el área sur en enero de 2020.

De acuerdo con un comunicado de prensa, esta mañana la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) presentó tres denuncias contra la exfuncionaria por infracciones al Art. 4.2 incisos (b) y (I) de la Ley de Ética Gubernamental  y por violaciones al artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico (Resistencia y obstrucción a la autoridad püblica).

La juez de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Rodríguez, determinó causa para arresto en los tres (3) casos y le impuso una fianza de $15,000.00. Burgos Vargas será fichada en el Panel sobre el FEI el 27 de abril de 2021 alas 11:00 a.m. La Vista Preliminar quedó pautada para e 2 de junio de 2021.

Además de la conducta imputada relacionada a la paralización del trámite entre el FEI y Justicia, el organismo gubernamental también atribuyó conducta antiética contra Burgos por un alegado conflicto de intereses. "En la ampliación de la investigación contra Wandymar Burgos Vargas, también se hizo un referido a la OEG, por su intervención al aprobar facturas de labores realizadas por su hermano, bajo contrato en el Departamento de Justicia, según consta en documentos de una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal que fueron obtenidos en el transcurso investigativo", reza el comunicado de prensa del FEI.

La pesquisa contra Burgos surgió luego de que esta detuvo la entrega de referidos contra la exgobernadora Vázquez y otros funcionarios. Los fiscales especiales independientes —Leticia Pabón y Miguel Colón— comenzaron la pesquisa contra Vázquez Garced en julio del pasado año, luego de recibir el informe preliminar firmado por la exsecretaria de Justicia Dennise Longo, quien fue despedida por la exmandataria el mismo día que realizó el referido.

Tras el despido de Longo, Burgos ordenó la devolución de los referidos que implicaban a la exgobernadora. La exfuncionaria, en aquel momento, aseguró que detuvo la entrega de dichos documentos debido a que quería revisar la información que sometieron los fiscales de la agencia al Opfei.

En medio de la investigación contra la exgobernadora, luego la OPFEI extendió su pesquisa sobre el trámite irregular del referido luego de que Burgos —quien estuvo en el cargo por cinco días— ordenó detener la entrega del referido.

Además de Vázquez Garced, los fiscales especiales investigan a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves; el exsecretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle; Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef); José Alfredo Galarza, exsubdirector de Adsef; y María Teresa Zayas, jefa de Servicios Operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia.

En el caso de Vázquez Garced, el Departamento de Justicia recomendó investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2020. Este sería el primer caso en el que se radicarían cargos bajo el Código Anticorrupción que se convirtió en ley bajo la administración de Ricardo Rosselló, cuando Vázquez Garced era secretaria de Justicia y avaló la medida.

Andújar habría iniciado una pesquisa sobre denuncias de un patrón, liderado por Quiñones, de manejo con fines partidistas de suministros, del cual participaban los exsenadores Nelson Cruz y Vázquez Nieves, en aquel entonces, aliados políticos de Vázquez Garced.

La exgobernadora, por medio de Pabón Batlle, habría ordenado a Andújar revertir la suspensión sumaria que impuso a Quiñones mientras se investigaba internamente el alegado uso partidista de los suministros destinados a comunidades afectadas por los terremotos.

 

 

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