Asociaciones financieras y arrendadores se oponen al proyecto de ley que prohibiría desalojos durante una emergencia

Sin embargo, el proyecto recibió el apoyo de la Asamblea Legislativa

Por CyberNews

La Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes continuó hoy, lunes, con el proceso de vistas públicas para discutir una medida que busca proteger a las personas de desahucios por falta de pago en casos de ejecuciones de hipoteca y arrendamientos ante una declaración de emergencia o desastre en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 448 propone crear la “Ley contra Desalojos ante Desastres” para prohibir los desalojos durante el tiempo que dure la declaración de emergencia o desastre. Además, establece como política pública la protección del derecho a la vivienda segura y la minimización del riesgo de desalojos de personas y comunidades.

El representante Ángel Fourquet Cordero, presidente de esta comisión cameral, aseguró hoy que la pieza cuenta con amplio apoyo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el proyecto recibió el rechazo de la Asociación de Arrendadores y Bienes Inmuebles (AABI), la Asociación de Bancos (ABPR) y la Mortgage Bankers Association (MBA) por encontrarlo “totalmente innecesario”, “irrazonable” y hasta “inconstitucional”.

Una preocupación que prevaleció fue en torno a la propuesta de una moratoria de tres meses en el pago de cánones de arrendamiento y préstamos hipotecarios que deberá ser otorgada por el dueño de un inmueble arrendado al inquilino, pues las organizaciones consideran que constituye un detrimento contractual que crearía un “efecto dominó nocivo”.

“Nosotros estamos de acuerdo en que cada persona necesita tener un hogar digno, pero no queremos que eso se convierta en una ventana para que los inquilinos tengan un beneficio sobre el arrendador y resulte que el arrendador sea quien vaya a ser lanzado a la calle”, expresó la presidenta de la AABI, Rosita Alicea. “Entonces pierde la propiedad, esos inquilinos hay que sacarlos, y vamos a crear un problema social”.

“El prohibir que el arrendador o el acreedor hipotecario inicien una acción de cobro constituye un detrimento contractual que raya en lo inconstitucional. Según establecido por la jurisprudencia, resulta nulo por vaguedad”, subrayó Alicea en su ponencia.

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Fourquet Cordero reconoció que el lenguaje de la medida podría ser confuso, particularmente en las disposiciones de la moratoria. El legislador explicó que la intención de la medida es que sea un término de tres meses como máximo o hasta que la declaración de emergencia o desastre sea derogada, de acuerdo con lo que ocurra primero. Tampoco establece que se perdona o condona el pago.

Asimismo, aclaró que la moratoria no será automática a una declaración de emergencia o desastre, lo cual fue otra preocupación señalada en la vista. De acuerdo con el proyecto de ley, la moratoria entraría en efecto en el momento en que el inquilino demuestre no estar recibiendo ingresos o que los ingresos se han visto sustancialmente reducidos a causa de la emergencia.

“Vamos a buscar aclarar el lenguaje; buscar algo que no permita que una buena medida, o una intención noble de proteger a un vulnerable, lacere otro sector quizás igualmente vulnerable ante una emergencia”, aseguró el legislador, quien afirmó que el proyecto, radicado por petición de la organización Apoyo Legal Puerto Rico, cuenta con amplio apoyo en la Asamblea Legislativa.

“Mi intención es que esta medida, si se le da paso, esté lista para la próxima temporada de huracanes para que tengamos algo que podamos decir: ‘Aquí hay unas protecciones’”, manifestó Fourquet Cordero.

Mientras, la ABPR y la MBA coincidieron en que, a su juicio, el proyecto es “innecesario” y “resulta académico”, ya que los bancos, los inversionistas hipotecarios y las aseguradoras federales de préstamos hipotecarios han tomado las acciones dispuestas de forma voluntaria a raíz de las emergencias de los pasados años.

“La experiencia en cuanto a los alivios provistos en préstamos hipotecarios durante la crisis presentada por las emergencias recientes resultó ser excelente y, como resultado de estos esfuerzos, se concedieron cientos de miles de moratorias y planes de pago”, reza la ponencia trabajada en conjunto por ambas asociaciones.

Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), en relación con la emergencia por el huracán María se concedieron 128,198 moratorias de préstamos hipotecarios. Acerca de la pandemia, al 31 de diciembre de 2020 se habían otorgado 104,128 moratorias.

“Lo propuesto en el proyecto es académico y resulta innecesario y redundante y, por consiguiente, arbitrario e irrazonable, visto de cara a la respuesta inmediata y efectiva de los bancos ante las situaciones de emergencia acaecidas”, lee la presentación de la vicepresidenta ejecutiva de la ABPR, Zoimé Álvarez Rubio, y el presidente de la MBA, Pedro Torres.

Las tres asociaciones deponentes igualmente destacaron que, desde el comienzo de la pandemia, la ley federal que creó el CARES Act abordó el tema de los desahucios y ordenó la paralización de todo proceso relacionado. De igual forma, indicaron que la ley federal mantuvo la obligación de reportar información de crédito bajo la Ley de Informe Justo de Crédito (FCRA, en inglés), aun en el caso de alivios de crédito concedidos.

Por tal razón, sostuvieron que la prohibición de acciones que resulten en daños al informe crediticio del deudor, según propuesto en el proyecto de ley, iría en contra de los dispuesto en la FCRA.

“Sostenemos que para encaminar la economía de Puerto Rico hacia la reconstrucción y para promover el desarrollo económico del país, resulta medular proveer seguridad y estabilidad jurídica en las relaciones contractuales. Lo propuesto por el proyecto resulta contrario a la ruta a seguirse para la reconstrucción económica y social del país”, manifestaron la ABPR y la MBA.

Fourquet Cordero, uno de los autores de la medida, adelantó que la comisión cameral proseguirá con las vistas públicas con el fin de mantener “comunicación y apertura” sobre el proyecto. La medida fue presentada, igualmente, por los representantes Denis Márquez Lebrón, Ramón Luis Cruz Burgos, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes.

“Habrá comunicación y apertura. La apertura se mantendrá tanto para los proponentes de la medida, los sectores que la apoyan, y los sectores de impacto de la medida”, aseveró el representante.

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