Durante la Sesión Ordinaria se aprobó el Proyecto del Senado 71, de la autoría del senador independiente, José Vargas Vidot y del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico”.
La medida establece ciertas protecciones a las personas que sufren de sobredosis y solicitan asistencia médica de emergencia; así como otras protecciones para las personas que no sean profesionales de la salud y utilicen naloxona.
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“Esta es una medida que durante mucho tiempo hemos insistido para que se apruebe. El trabajo de este servidor me ha puesto en contacto con las personas de la calle con problemas de adicción que ronda las 150 mil personas. Por cada 100 personas que piden tratamientos solo hay seis camas. No podemos esperar más. Con este proyecto estamos dejando un legado y una solidaridad anónima. El medicamento propuesto aquí no provoca efectos secundarios”, afirmó Vargas Vidot durante un turno sobre la pieza legislativa.
Según se establece en la exposición de motivos “el porcentaje de muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos como el fentanilo o el tramadol, aumentaron un 10% entre 2017 a 2018. Un dato que ilustra la enorme crisis de salud, entre 1999-2017, casi 400,00 personas murieron por sobredosis de opiáceos en los Estados Unidos y 770,000 en total de muertes por sobredosis”. Por otro lado, en el caso de Puerto Rico para el año 2015 el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) reportó 72 muertes por intoxicación de opioides, 58 muertes en el 2016, 45 muertes en el 2017 y 13 muertes en el 2018.
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De igual manera, se aprobó la Resolución del Senado 147, que propone un estudio sobre la viabilidad de una propuesta, a través de un modelo cooperativista o de empresas municipales para la administración y operación del transporte marítimo entre Puerto Rico y las Islas Municipio de Vieques y Culebra.
“La crisis del transporte hacia y desde Vieques y Culebra ha alcanzado uno de sus peores momentos, coincidiendo con el inicio de la vigencia de un contrato que dura 23 años sin garantías de que los servicios vayan a mejorar. A su vez, esto ha generado que se renueve el reclamo de las y los residentes de ambas islas municipio para una participación efectiva en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos para el servicio del que dependen en tal alto grado”, cita la resolución de la autoría de la senadora independentista Santiago Negrón; del PNP, Marissa Jiménez Santoni; del PPD Rosamar Trujillo Plumey; del MVC Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl; y del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.
