Mucho se ha especulado sobre los resultados de las leyes de incentivos de Puerto Rico, pero el Gobierno mantiene en secreto gran parte de la información que permitiría evaluar su impacto en la economía, por lo que este miércoles, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que solicitar mediante una petición de mandamus al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al Departamento de Hacienda (DH), que hagan pública información detallada sobre algunos de estos beneficios. Esto luego de múltiples intentos iniciados por el CPI en febrero para que las agencias produjeran los datos.
El recurso legal, que incluye a Manuel Cidre Miranda, secretario designado del DDEC, y Francisco Parés Alicea, secretario del DH, pide, por ejemplo, los informes anuales que deben radicar y rendir los personas residentes bajo la Ley Núm. 22, detalles de las aportaciones a entidades sin fines de lucro que se supone que estos hagan, certificación de las planillas radicadas durante el periodo de otorgación del incentivo, y datos sobre la concesión, venta o traspaso de créditos contributivos en general.
PUBLICIDAD
La petición del CPI surge como parte de su trabajo de fiscalizar la efectividad de estas leyes para corroborar si tienen el efecto deseado de promover y estimular la economía local a través de la promoción de capital extranjero. El CPI anticipó en sus comunicaciones a las agencias que esperaba que se proveyera la información contenida en los documentos solicitados eliminando aquellos datos que se pueden considerar confidenciales según las leyes vigentes. Aún así, los representantes de ambas agencias no han entregado la información.
“Se ha pretendido aplicar un manto de confidencialidad a toda la información sobre los incentivos y que nos conformemos con datos generales y consolidados, incluso estimados, sobre el impacto de estas leyes”, expuso la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
