El exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega se expresó en contra el jueves, a la confirmación de Ramón González Beiró como secretario de Agricultura.
“Con relación al proceso de confirmación del Sr. Ramón González Beiró como Secretario de Agricultura, nos oponemos a dicha confirmación basado en lo siguiente:
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González Beiró avaló la contratación de Alex Muñiz Lasalle como Secretario Auxiliar de Integridad Agrocomercial, sin ser este agrónomo colegiado, ni tener experiencia en ese campo a pesar de que dicha oficina supervisa el cumplimiento de la reglamentación estatal y federal en inspección de mercados y sanidad vegetal, y la operación del Laboratorio Agrológico y Veterinario. Muñiz Lasalle es hermano del ex Superintendente del Capitolio Jerón Muñiz Lasalle, vinculado con una presunta red de influencias políticas y para que se contraten ciertas empresas en agencias del gobierno.
González Beiró avaló el nombramiento de Michelle Romero del Río, esposa de Jerón Muñiz Lasalle, como asesora del Programa de Mercadeo de Agricultura.
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González Beiró nombró al agrónomo Andrés Rosado como director del Programa de Mercadeo. Rosado no cuenta con experiencia en dicho campo.
González Beiró nombró a Jorge Campos como Subsecretario de Agricultura, quien no está cualificado para dicha posición por la cantidad de demandas y querellas que arrastra desde que fungió como administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).
Además, el Consejo Directivo del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico aprobó una moción en la que recomendó que la persona que ocupe el puesto de Secretario del Departamento de Agricultura sea un agrónomo, lo que el González Beiró no es.
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En resumen, el señor González Beiró ha demostrado que no tiene la capacidad de llevar a cabo sus funciones como Secretario de Agricultura Designado de manera imparcial, sin beneficiar a unos individuos sobre otros y cumplir su deber ministerial de administrar el Departamento eficientemente”, expuso Flores Ortega en comunicación escrita.
“Además de lo antes expuesto, se radicó una resolución en el Senado de Puerto Rico, R. de S. 162, para investigar varios aspectos preocupantes de la industria lechera de Puerto Rico, entre los que figura:
