La Comisión de Impacto Comunitario, presidida por la representante Lydia Méndez Silva, atendió el miércoles, a través de una vista pública, la Resolución de la Cámara 220, que busca realizar una amplia investigación sobre el proceso de solicitud y desembolso de los fondos Re-Grow del programa CDBG-DR y su impacto en el desarrollo de la comunidad agrícola en Puerto Rico.
A través de un foro multisectorial, los legisladores tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las problemáticas actuales que enfrentan los agricultores para acceder a los fondos federales CDBG-DR, que fueron asignados tras los estragos de los huracanes Irma y María en el 2017, por el Departamento de la Vivienda Federal (HUD).
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Especialmente, representantes del sector agrícola, señalaron que existe un diseño excluyente y complicado de las guías y solicitud de los fondos que han sido destinados a promover y aumentar la seguridad en toda la isla y mejorar y expandir la producción agrícola relacionada con la revitalización económica y las actividades de desarrollo sostenible.
“En mi opinión, está muy fuera de contexto la solicitud de los fondos en término de la preparación de los agricultores del país. Parece que el agricultor tiene que ir más allá de los requisitos normales para demostrar que es elegible para solicitar estos fondos, sin saber si se los van a otorgar. Además, hay que subir un plan de negocios, certificado de registro de comerciante, y evidencia de educación, entre otras cosas… Hay que buscar tres cotizaciones para todo equipo o material que se vaya a subvencionar. En Puerto Rico, a veces no hay ni tres entidades que vendan un mismo producto o equipo agrícola”, señaló Braulio Quintero, agricultor del Barrio París en el Municipio de Lajas en comunicación escrita.
Quintero, también reclamó que la solicitud de la ayudantía federal se encuentra únicamente en el internet a través de un portal del Centro de Ayuda del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), entidad subrecipiente de los fondos Re-Grow, lo que significa que es el administrador y responsable de proveer las subvenciones y la asistencia técnica del programa.
Actualmente, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y el FCTIPR tiene disponible la partida de 30 millones de dólares aprobados por HUD, de los 92.5 millones de dólares totales que han sido asignados para la revitalización económica y agrícola en Puerto Rico.
Por otro lado, los legisladores, también lograron escuchar los comentarios de la Campaña para la Recuperación Justa Agrícola, organización compuesta por decenas de organizaciones, agricultores y agricultoras que trabajan en la recuperación justa, la equidad y la protección de las tierras en la isla.
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Según Eliza Sánchez, representante de la Campaña, desde que salieron las guías, específicamente desde el 28 de agosto, fecha que se dio la primera presentación sobre los fondos del programa Re-Grow al público, su organización ha documentado reservas ante el diseño de las guías y los criterios para selección que no se atemperan a la realidad rural de Puerto Rico.
“Entre los reclamos desde el primer día hemos solicitado acceso a información, un proceso de revisión de las guías que responsa a la necesidad de la ruralía en Puerto Rico, participación comunitaria real, apoyo y acompañamiento técnicos para todes por igual, no solo aquellos con buen acceso a internet y la transparencia sobre los contrato y usos de fondos”, sentenció Sánchez a través de la lectura de la ponencia sometida por el colectivo.
En medio de la discusión sobre la Resolución, los agricultores y representantes de organizaciones agrícolas reclamaron que el diseño de la solicitud ha priorizado al empresario agrícola con grandes recursos y ha dejado rezagado a los trabajadores agrícolas a pequeña escala.
“Hay una injusticia que hay atender para las más de miles solicitudes que ya han recibido, y tener en consideración para selecciones futuras un proceso atemperado a la realidad del sector agroalimentario en el país”, sentenció Sánchez.
Por su parte, Bárbara Rivera Chinea, directora del Programa Re-Grow-CDBG-DR, presentó un estatus actual de la iniciativa y cómo han trabajado el proceso de las solicitudes que han llegado hasta su oficina.
“Al 16 de abril de 2021, el Programa ha recibido un total de 1,237 solicitudes, de las cuales cerca de 1,100 han sido revisadas inicialmente para determinar elegibilidad, 783 se encuentran en proceso de recibir o procesar documentos que fueron solicitados como parte de la revisión y 350 han sido completadas y se hizo una determinación de elegibilidad”.
La representante del Programa Re-Grow, también le informó a la Comisión, que únicamente han otorgado o comprometido un total de 735,309 dólares de los fondos a nueve (9) solicitantes.
“Sin dudas, aunque no ha sido un resultado (de subvenciones otorgadas) esperado, estamos trabajando constantemente para mejorar este proceso”, mencionó Rivera Chinea.
“Debemos priorizar a nuestros agricultores y garantizar que se desembolse ese dinero, que no es de la agencia, sino de nuestra gente”, sentenció la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Méndez Silva, en respuesta a las declaraciones del Fideicomiso.
Los representantes tuvieron la oportunidad de conocer la opinión, sobre la Resolución de la Cámara 220, del Departamento de Vivienda, Departamento de Agricultura y organizaciones sin fines de lucro, quienes se comprometieron en evaluar las problemáticas presentadas en la sesión pública y proponer nuevas soluciones enfocadas en las necesidades del agricultor de Puerto Rico.
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