Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Jessie Cortés Ramos, Lydia Méndez y Luis “Narmito” Ortiz presentaron una medida para ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a implantar una moratoria de un año en el requerimiento del Permiso Único, como condición para continuar la operación de un negocio en Puerto Rico.
“Decenas de organizaciones privadas, con y sin fines de lucro, han denunciado públicamente que uno de los múltiples problemas que han enfrentado con el sistema de Permiso Único, es el término extenso que está tomando la obtención de las renovaciones y del propio Permiso Único. Existe un ataponamiento muy preocupante en la emisión de estos permisos, que está causando un disloque en las operaciones de miles de comercios”, dijo el representante Jessie Cortés Ramos quien preside la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios en la Cámara de Representantes.
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“Al presente, un número significativo de negocios están operando con sus permisos vencidos, a pesar de haberlos solicitado en tiempo. Esto tiene un efecto dominó, ya que las agencias de gobierno están requiriendo el Permiso Único como condición para la continuidad de operaciones. Además, algunos están siendo amenazados con el cierre de sus operaciones por las agencias reguladoras. Con esta medida pretendemos subsanar esta problemática”, añadió.
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La representante Lydia Méndez señaló que existen casos de comercios que llevan en espera de estos permisos por periodos de cuatro a seis meses.
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“La complejidad del proceso y del sistema, el incremento significativo de los costos asociados al Permiso Único, incluyendo la segregación de usos previamente aprobados, unido a la difícil situación económica por la que atraviesan los negocios en Puerto Rico, lleva a un camino peligroso que, más que atraer ingresos al fisco podría provocar todo lo contrario”, mencionó.
Por su parte, el representante Luis Narmito Ortiz Lugo indicó que esta situación ha provocado que actualmente exista el riesgo de un colapso y cierre de operaciones de miles de comercios en la isla.
“Esto traería consigo una merma de ingresos para el Gobierno, un aumento en el por ciento de desempleo, y un efecto en cadena de componentes empresariales de servicios, como, por ejemplo, la capacidad económica del negocio para el pago de sus obligaciones como préstamos, hipotecas, cánones de renta, seguros, entre otros”, sostuvo.
Ortiz Lugo añadió que la problemática también impacta la capacidad económica del comercio en la contratación de profesionales de servicios como contables, gestores, abogados, entre otros. “Lamentablemente los renglones que mayor impacto están experimentado son las pequeñas y medianas empresas, ya que son las que cuentan con menor capacidad económica para afrontar este aumento en costos, y los efectos que tiene el atraso en la renovación o concesión del permiso”, subrayó.
