Las enmiendas a la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi anunciadas el jueves, han desatado una pugna entre el mandatario y los alcaldes populares luego de que estos últimos consideran que las medidas adoptadas no son suficientes para frenar el repunte de casos de COVID-19.
Sin embargo, la polémica entre los municipios y el ejecutivo volvió levantar dudas sobre el poder que podrían tener los municipios de implementar medidas paralelas o más restrictivas a aquellas que promulgue un gobernador.
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Ayer, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, anunció una orden ejecutiva que aplicaría entre los 41 municipios que conforman al organismo de ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático al calificar las medidas del gobernador como insuficientes para detener el alza en contagios por el virus.
“El país completo se ha dado cuenta que no son suficientes y que hay que apretar más el paso. Lo que está ocurriendo no es liviano. Es serio”, dijo a Metro Hernández, quien es también alcalde de Villalba.
En esencia, la Orden Ejecutiva de la Asociación propone el cierre de playas y balnearios y promover el trabajo a distancia en los municipios. Asimismo, la orden busca instar a los restaurantes a que no utilicen sus salones cerrados y, en cambio, destinen los espacios abiertos para servir a los comensales.
Sin embargo, el cierre de playas es uno de los elementos que provocó un choque entre los ejecutivos municipales y el gobernador.
Hernández reconoció que ejecutar una orden municipal que procure un cierre de playas, podría sugerir un choque con el Ejecutivo. “Estoy claro que el asunto de las playas y los balnearios no están bajo la jurisdicción de los municipios. Es estatal”. Sin embargo, indicó que al país le resultó alarmante la aglomeración en playas e islotes durante el periodo de Semana Santa.
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“El problema que tenemos en las playas es no controlar una aglomeración”, dijo Hernández.
A solo horas de que los alcaldes anunciaran sus directrices, el secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo, indicó que la agencia se estaría rigiendo por la Orden Ejecutiva del gobernador y que la ciudadanía podrá utilizar las playas y balnearios adscritos a la agencia, según lo dispone el decreto del primer ejecutivo. “Mientras se cumplan con los parámetros dispuestos en la OE 2021-027, al igual que en la OA 2021-021B y la Carta Circular 2021-03; la ciudadanía podrá disfrutar de la navegación, playas; y balnearios adscritos al Programa de Parques Nacionales del DRNA”, dijo Machargo ayer.
Pierluisi, por su parte, aseguró que la Orden que implementó es suficiente para detener el repunte de casos del COVID-19 e instó a los alcaldes a colaborar en la fiscalización de dichas directrices.
“Con relación a las playas, dado que no hay una correlación de casos con la asistencia a la playas y las mismas sirven para el esparcimiento de nuestra gente, no estoy de acuerdo con el cierre, salvo que haya aglomeraciones que de por sí están prohibidas en la Orden”, dijo Pierluisi ayer.
Municipios podrían implementar adicionales al estado
Para el abogado y académico Julio Fontanet, los municipios podrían implementar medidas adicionales para detener la propagación del virus.
“Hay unas facilidades que son estatales y unas que son privadas y otras municipales. Diría que ninguna entidad privada o municipal podría establecer unas medidas que hagan inaplicables las establecidas por el gobernador en la Orden Ejecutiva. Pero sí pueden hacerlas más restrictivas”, opinó el también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
“[Por ejemplo], nada quita que una empresa diga no es un 30%, sino un 10% o nada quita que un municipio diga ‘no voy a abrir los balnearios o voy a establecer una capacidad o un distanciamiento social mayor que el que estableció el gobernador’ y eso no hay ningún problema constitucional. El choque sería si una empresa privada o el municipio estableciera medidas que fueran flexibles. Es decir, que fueran contrarias a las limitaciones del gobernador”, agregó.
Por su parte, el abogado Arturo Hernández también opinó que los alcaldes podrían tomar medidas adicionales para frenar un incremento en los casos del virus.
“Si los municipios tienen de primera mano información que los ponen en una posición —en términos de emergencia en una situación crítica de salud— a falta que el ejecutivo a nivel nacional pueda determinar que esa crisis existe y que llega al grado que hay que tomar medidas más restrictivas, a diferencia de eso, los alcaldes entiendo que sí están facultados para tomar medidas en su municipio para atender la situación crítica de salud que estén confrontando y en ese sentido podrían ser más restrictivos”, dijo Hernández.
El año pasado, a inicios de la pandemia, se suscitó una disputa similar entre los ayuntamientos y el ejecutivo luego de que un grupo de municipios implementó medidas para cerrar sus fronteras municipales para detener los contagios del COVID-19.
