Chequeo de datos del CPI a mensaje del Gobernador

Pedro Pierluisi: “Estamos culminando el plan para utilizar efectivamente los $2,300 millones que asignó FEMA para la reparación y reconstrucción de escuelas”.

Por Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo

VEREDICTO: FALSO

Desde el CPI

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró que “estamos culminando el plan para utilizar efectivamente los $2,300 millones que asignó FEMA para la reparación y reconstrucción de escuelas” en su primer Mensaje de la Situación del Estado, el Departamento de Educación (DE) todavía no ha escogido una firma de gerencia de proyectos, necesaria para desarrollar el plan maestro para las obras permanentes en las escuelas públicas.

La asignación de $2,300 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) a través de la estrategia de subvención acelerada (FAAST en inglés) requiere que se desarrolle el plan maestro a través de una Oficina de Gestión de Proyectos (Program Management Office o PMO), que incluirá los servicios de un planificador. La solicitud de propuestas para contratar dichos servicios fue publicada por el DE el 4 de diciembre de 2020.

Una vez se haga el plan maestro, tanto la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) como FEMA deben aprobarlo para que entonces el planificador contratado evalúe y recomiende firmas de arquitectura e ingeniería para las obras en los planteles. De un plan de trabajo sometido por Educación a FEMA se desprende que una vez contratado el PMO, el desarrollo del plan toma alrededor de seis meses antes de presentarlo para discusión pública.

Educación dijo que todavía se encuentra en la fase final para escoger entre cinco proponentes para “administrar de manera efectiva y eficiente las complejidades del proyecto y reglas aplicables a los fondos obligados”. Los que están en competencia son Carrasquillo Engineering Services Group PSC, CBRE Heery Inc., CMA-CPM-CSA Joint Venture LLC, Grupo Atabaya LLC y Horne LLP.

Carrasquillo Engineering ofrece servicios a distintas agencias como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Distrito del Centro de Convenciones, la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), entre otros desde el 2012, acumulando un total de $6,266,572 en contratos. Para el DTOP ofreció servicios de inspección relacionados a los desastres de los huracanes Irma y María. Tiene una afiliada en Panamá desde el 2014.

CBRE Heery Inc., establecida en el estado de Georgia, se registró desde el 1999 como corporación foránea en Puerto Rico. Entre sus trabajos se encuentra la gerencia de la expansión y renovación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

CMA CPM CSA Joint Venture LLC fue registrada en 2019 como “compañía para cualquier actividad lícita” y aunque no aparece ningún contrato registrado con esa empresa en la Oficina del Contralor, algunas de las empresas que componen el “joint venture”, como CPM, han sido contratistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), entre otras. Uno de los gerentes del joint venture, Héctor J. Rivera, preside CPM PR LLC, y su gerente de desarrollo empresarial, Francisco J. Martínez Ubarri, dirigió PRIDCO bajo la Administración Fortuño. CPM asesoró al Gobierno para la firma de las alianzas público privadas de la AEE y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

Grupo Atabaya fue registrada en 2019 como compañía de consultoría financiera y administrativa. La firma presidida por Mariela Quiñones Ramos, quien es donante del Partido Popular Democrático (PPD), tiene dos contratos con los municipios de Ceiba y Manatí.

Horne LLP, establecida en Delaware, fue registrada en 2019 en Puerto Rico como corporación foránea. Tiene cuatro contratos con el Departamento de Vivienda para gestionar los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR).

La afirmación del Gobernador en el sentido de que se está culminando el plan es falsa porque para que esto ocurra y que pueda usarse la asignación de FEMA, el Departamento de Educación necesita contratar una firma externa que lo desarrolle y todavía se encuentran evaluando propuestas.

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