Las familias migrantes detenidas en la frontera sur de Estados Unidos serán alojadas en hoteles del área metropolitana de Phoenix, informaron las autoridades, una medida que pretende contribuir a manejar el incremento en el número de personas que entran en el país en esa región.
La senadora federal Kyrsten Sinema fue informada de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ocupará “varios hoteles a lo largo de la frontera suroeste, incluidos en Chandler y Phoenix”, informó el viernes la oficina de la legisladora en un comunicado. Chandler es un suburbio de Phoenix que se ubica a más de 150 millas al norte de la frontera.
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El ICE se negó a identificar los hoteles, así como su ubicación, y sólo dijo que mediante su contrato de 86.9 millones de dólares con Endeavors Inc., anunciado el mes pasado, tendrá unas 1,200 camas de hotel disponibles en Texas y Arizona. Las familias migrantes permanecerán detenidas en términos generales menos de 72 horas para su procesamiento.
De acuerdo con el contrato, Endeavors —una compañía de atención a veteranos militares, asistencia en caso de desastres y servicios relacionados con migrantes— ya tiene camas disponibles en hoteles en Chandler y las ciudades texanas de El Paso y Cotulla, al suroeste de San Antonio. Las primeras familias que serán alojadas en dichos hoteles llegarían el viernes.
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La oficina de Sinema dijo que la senadora demócrata conversó con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y que lo hará “responsable de proteger a las comunidades de Arizona y garantizar que todos los migrantes reciban un trato justo y humano”.
La Patrulla Fronteriza encontró el mes pasado 52,904 familias a lo largo de la frontera con México, comparadas con 19,286 en febrero y 3,455 en marzo de 2020. Las autoridades prevén una cifra récord de llegadas de familias para el periodo de 12 meses que concluirá el 30 de septiembre, según el contrato con Endeavors.
Sólo una de cada tres familias encontradas el mes pasado fue expulsada rápidamente de Estados Unidos en virtud de las facultades federales aprobadas durante la pandemia que deniegan a las personas la oportunidad de solicitar asilo. Las autoridades de inmigración han dejado en libertad a familias con hijos de 6 años o menos mientras se resuelven sus casos.
México se ha resistido a recibir de vuelta a familias centroamericanas con niños pequeños, en especial en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Rio Grande Valley, Texas, la zona de mayor número de cruces ilegales. Estados Unidos traslada en avión a algunas familias a otras ciudades fronterizas —San Diego y El Paso— para expulsarlas desde ahí hacia México.
Para ahorrarse tiempo, la Patrulla Fronteriza ha dejado en libertad a familias migrantes —unas 9,600 hasta el martes, según el representante federal Henry Cuellar— sin entregarles notificaciones para que comparezcan ante un tribunal. Sin embargo, se les ha solicitado que se presenten en 60 días ante una oficina del ICE.
El gobierno de Estados Unidos ha estado buscando más espacio para detener a los migrantes que llegan en familia y a los menores que han llegado solos. La Patrulla Fronteriza recogió el mes pasado a casi 19,000 niños que llegaron sin compañía de un familiar adulto, el total más alto que se haya registrado.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que coloca a menores no acompañados con “patrocinadores” —más a menudo padres y parientes cercanos— ha encontrado espacio en centros de convenciones, bases militares y otras grandes instalaciones. Funcionarios del condado Los Ángeles dijeron el viernes que sus recintos feriales serán utilizados temporalmente para albergar a unos 2,500 niños que llegaron sin un adulto.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, frecuente crítico de Biden, solicitó al gobierno que cierre un centro de detención de menores instalado en el Freeman Coliseum de San Antonio, debido a señalamientos de que no reciben suficiente comida y de que no hay supervisión de los chicos en las regaderas.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que el gobierno asume “muy en serio la seguridad y el bienestar de los menores a nuestro cuidado” y que las autoridades deberían investigar las aseveraciones de Abbott, pero que en este momento “carecemos de fundamento para su petición” de cerrar la instalación.
