Aunque subraya que los ajustes tarifarios al transporte terrestre representan un “impacto fuertísimo” a la economía puertorriqueña, que estimó en $850 millones anuales, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, señaló que la organización no objeta los aumentos, si bien considera que deberían implementarse de forma escalonada.
“Podría establecerse en un periodo de tres años. Creo que sería una alternativa más razonable que un 35% (de aumento) de cantazo”, señaló Báez, quien también insistió que debe estipularse que las tarifas, aprobadas en diciembre pasado por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), no apliquen retroactivamente a contratos ya firmados entre transportistas y comerciantes.
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El coordinador general del Frente Amplio de Camioneros (FAC), Víctor Rodríguez, señaló, por su lado, que los ajustes se justifican luego de que las tarifas permanecieran congeladas desde 2005, pese a que una resolución de la entonces Comisión de Seguridad Pública dispusiera que se revisarían cada cinco años.
“Puerto Rico tiene una inflación de casi 7%. El aumento que obtuvieron ahora no llega a compensar un 2%. Cuando vienes a ver, en el producto no sobrepasa un centavo. Lo que sucede es que los navieros y comerciantes estuvieron 15 años chupándole la sangre al pueblo puertorriqueño, aumentando en todos los aspectos el costo de vida, y ahora quieren que otros paguen lo que ellos tienen”, sostuvo Rodríguez al recalcar que, a su juicio, la Junta de Control Fiscal (JCF) no tiene autoridad para impedir la implementación de las nuevas tarifas, pues no se trata de un asunto presupuestario de alguna agencia gubernamental.
Rodríguez, quien indicó que el NTSP está haciendo valer las tarifas vigentes, añadió que el FAC considera presentar un ‘injunction’ ante la corte federal para evitar que la JCF “meta más la cuchara en un asunto que no le corresponde”.
En la carta circular 2020-35, el entonces presidente del NTSP, Luis García Fraga, expresó que “las tarifas vigentes actualmente son irrazonables, ya que llevamos sobre 15 años sin revisar o ajustar las mismas, por lo que determinamos que las nuevas, aprobadas de forma provisional tras la celebración de múltiples vistas públicas sin oposición alguna, son justas y razonables”.
