La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario realizó el jueves una vista de consideración final sobre el Proyecto de la Cámara 459 con el fin de añadir la obligación de que el Ministerio Público provea al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada.
‘’Es necesidad de esta Cámara de Representantes, garantizar a todo imputado, las exigencias mínimas del debido proceso de ley en el caso de determinación de causa probable para arresto, cuyo requisito es uno constitucional. Por tanto, se establece que todo imputado que asista a la vista de Regla 6, tendrá derecho a requerir copia de la declaración o declaraciones juradas que el Ministerio Público pretenda utilizar en el proceso de determinación de causa para arresto. Dicho esto, para esta Comisión es importante garantizar un proceso justo y que el sistema de justicia promueva la búsqueda de la verdad’’, expresó el presidente de la Comisión en comunicación escrita.
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Explicó que, el Proyecto que busca enmendar la Regla 6 de Procedimiento Criminal de 1963 indica que ‘’la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico exigen que, para poder expedir una orden de arresto contra un ciudadano, es necesaria una determinación de causa probable por parte de un juez’’.
Según el escrito final de la medida, se estableció que ‘’en el caso particular de Puerto Rico, este proceso está regulado por la Regla 6 de Procedimiento Criminal. La mencionada regla establece un mecanismo procesal en el cual el Ministerio Público tiene la encomienda de probar que los elementos del delito imputado fueron satisfechos y la posible conexión de ese delito con la persona imputada. De este modo, se satisface el requisito constitucional de que se determine causa probable para arrestar o detener a una persona’’.
En este sentido, Aponte Rosario dijo que ‘’tanto la Constitución de los Estados Unidos como la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizan a todo ciudadano que viva en la isla no será privado de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley, y ello comprende que en todo procedimiento adversativo se le garantice ciertas exigencias como: una notificación adecuada del proceso, un proceso ante un juez imparcial, la oportunidad de ser oído, el derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra, estar asistido por un abogado y que la decisión tomada se fundamenta en la evidencia presentada y admitida en juicio’’.
Con respecto al derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra, el Representante explicó que ‘’se refiere a que antes de que el imputado pueda ser despojado de su libertad, conozca los hechos y el contenido de lo que se le imputa, de modo que tenga la oportunidad de poder confrontar la prueba en su contra para aceptarla o refutar’’.
Por otra parte, el derecho a estar asistido por abogado presupone que este último está preparado para elaborar aquellos argumentos y defensas que procedan en dicha etapa. Esta preparación incluye que la defensa tenga conocimiento de los hechos imputados.
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La pieza legislativa fue aprobada con 8 votos a favor, cero votos en contra y cero votos abstenidos.
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