La Cámara de Representantes de Puerto Rico, aprobó el miércoles en sesión ordinaria, de manera unánime, la Resolución Conjunta de la Cámara 88, que propone ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (APP), a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al Negociado de Energía de Puerto Rico y a toda agencia, entidad y corporación pública a cesar, hasta una fecha no antes del 15 de enero de 2022, toda gestión relacionada con la implementación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y Luma Energy, LLC. y LUMA Energy Servco, LLC.
La medida, también tiene como objetivo, evaluar y establecer enmiendas al acuerdo con la empresa privatizadora, dirigidas a proteger la continuidad del presente y futuro servicio de energía eléctrica en PR bajo los parámetros de costos accesibles a los consumidores, una supervisión apropiada a dicho contrato y un trato adecuado en acuerdo con la ley vigente a los miles de empleados públicos afectados por esta transacción, para de esa forma evitar litigios y procesos legales que resulten en costos adicionales al estado. De esa forma, se motivará al Negociado de Energía de Puerto Rico para que realice únicamente estudios, investigaciones, evaluaciones y procesos en acuerdo a lo establecido en la Resolución y para ordenar la elaboración e intercambio de información entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las parte involucradas con el contrato.
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Al comienzo del debate sobre la medida, el representante Luis Raúl Torres Cruz expresó que “es algo lamentable, que cuando se adjudicó este contrato, nunca hubo un proceso abierto para que la ciudadanía se enterara y pudieran hacer aportaciones”.
Por otro lado, el representante Víctor Parés, reaccionó en contra de la medida. “Hay una realidad, y es que el sistema eléctrico de Puerto Rico es deficiente, obsoleto, está afectado”. Además, enfatizó que el gobernador Pedro Pierluisi y la delegación del PNP tienen un compromiso de trabajar fuertemente para que las pensiones de los jubilados de la AEE se sigan garantizando”.
Por su parte, el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, mencionó que “los que han administrado este país durante la existencia de la AEE, han llevado a la quiebra el sistema”,, al tiempo que expresó su apoyo a la medida.
“Un bufete internacional fue quien incorporó a LUMA Energy. Fueron ellos los que redactaron el contrato de Luma con la Autoridad de Alianzas Públicas y Privadas y sus abogados”, sentenció por su parte la representante Mariana Nogales Molinelli, quien se expresó a favor de la medida que detendría la continuidad del contrato, que fue otorgado para la transmisión y distribución de energía, y entrará en vigor en el próximo mes de junio.
En la sesión, también fue aprobado el Proyecto de la Cámara 7, presentado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), que busca enmendar la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de PR”, con el fin de establecer un proceso ágil y certero en la redacción y aprobación de reglas y reglamentos por parte de las agencias gubernamentales.
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De la misma manera, se aprobó a viva voz la Resolución de la Cámara 13, que busca realizar una investigación del salario mínimo de empleados de construcción e investigar la posibilidad de establecer un salario mínimo a empleados de construcción en proyectos financiados con fondos federales.
Mientras se iniciaba la discusión sobre la Resolución, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció que la Resolución Conjunta de la Cámara 100 fue derrotada con 2 votos a favor y 12 en contra en una vista pública de consideración final celebrada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
“Estamos enviando una misiva a la Junta de Control Fiscal para informarle que estos fondos no son esenciales. No vamos a respaldar la asignación de fondos públicos para el financiamiento de esta consulta, en especial cuando el país tiene otras prioridades y está en momentos de gran necesidad”, expresó Hernández Montañez.
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