El Departamento de Justicia recomendó hoy la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) con el fin de investigar posibles violaciones al Código Penal por parte del exfuncionario Raúl Maldonado Gautier, relacionados al otorgamiento de un contrato cuando este fungió como secretario de Hacienda, lo que provocó el desembolso ilegal de fondos públicos.
“El Departamento de Justicia (DJ) recibió un referido de la Oficina del Inspector General el 6 de febrero de 2020. Luego de una investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ concluyó que un contrato otorgado por el entonces secretario de Hacienda se formalizó sin los requisitos necesarios causando el desembolso ilegal de fondos públicos. Por tal razón, se refirió una comunicación a los miembros del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (PFEI)”, dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández mediante comunicación escrita.
Según la comunicación, el Departamento de Justicia recomienda el nombramiento de un FEI para evaluar las actuaciones del señor Raúl Maldonado Gautier por posible malversación de fondos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, producto de la otorgación del contrato 2017-000246 entre el Departamento de Hacienda y Risco Insurance, Inc. para el 1 de abril de 2017.
La investigación preliminar realizada por el personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que existe causa suficiente para concluir que el Maldonado Gautier pudo cometer los siguientes delitos: Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental; Artículo 254 del Código Penal por intervención indebida en las operaciones gubernamentales; y Artículo 264 del Código Penal por malversación de fondos públicos, lo cual justifica el nombramiento de un FEI.
Emanuelli Hernández agregó que tanto Maldonado Gautier, como el querellante fueron también notificados sobre esta recomendación.
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En febrero de 2020, un informe del Inspector General detectó una serie de irregularidades en el otorgamiento de un contrato a una empresa de seguros.
Entre los hallazgos del Inspector General el año pasado se desprende que el productor de seguros, fue incorporado el mismo día en que el Departamento comenzó el recogido de los requisitos para las solicitudes de propuestas para la contratación de productores.
Asimismo, el informe de la oficina fiscalizadora reveló que, al momento de la firma del contrato, la agencia no contaba con todos los documentos para concretar el acuerdo. Además, otros documentos necesarios para la contratación habrían sido entregados en una fecha posterior al acuerdo.
El informe del Inspector General también señaló que varias enmiendas al contrato fueron remitidas tardíamente a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
“La formalización del contrato desde la fecha de abril de 2017, y sus enmiendas, provocaron el desembolso de fondos públicos por la cantidad de $182,630.38, por lo que se recomienda al Departamento a iniciar los trámites correspondientes para el recobro de los fondos públicos. El otorgar un contrato público, en el que a la fecha del otorgamiento el contratista no había demostrado estar autorizado para comparecer a su firma y sin cumplir con la documentación requerida, trastoca los procesos de contratación dentro del Gobierno de Puerto Rico y las aspiraciones de un gobierno transparente”, reza el comunicado del Inspector General en aquel momento.
Según reportes periodísticos de Caribbean Business, la empresa Risco Insurance le pertenece a Javier Jiménez Galarza, hijo del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez. En 2017, también se habría revelado que el gobierno del entonces Ricardo Rosselló concedió cerca de $1 millón en primas de seguros y contingencia a la empresa de Jiménez Galarza pese a que esta no cumplía con requisitos de licitación.
De acuerdo con el reportaje de Caribbean Business en 2017, el Departamento de Hacienda y Maldonado —entonces secretario de la agencia— establecieron unos requisitos de cualificación que precisaba que para ser considerado el licitante tenía que tener una licencia de productor con tres años de vigencia previo a la otorgamiento del contrato. El entonces comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, aseguró que solo Luis Méndez Fas tenía una licencia de al menos tres años con la Oficina. Jiménez obtuvo su licencia de productor de seguros en 2017.
La empresa Risco Insurance fue incorporada por Jiménez Galarza el 15 de febrero de 2017. Mientras que el contrato con Hacienda se adjudicó el 1 de abril de 2017.
Otro reportaje habría apuntado a que Risco Insurance podría haber sido una empresa fantasma ya que, según información que proveyó al Departamento de Hacienda, operaba desde un edificio clausurado y con una plantilla de empleados de otra empresa.
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